viernes, 24 de agosto de 2012

A continuación reproducimos la nota publicada en Página/12 en el día de hoy acerca de las Jornadas sobre las políticas públicas actuales vinculadas a la educación superior.

Una estrategia global

El Ministerio de Educación promueve los vínculos entre universidades argentinas y del exterior priorizando la relación con Latinoamérica y los planes de desarrollo nacional.

Una geografía cercana y una vinculación con los planes estratégicos del Estado serán la prioridad de los futuros proyectos de redes entre las universidades de Argentina y las del exterior. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Educación que busca orientar las articulaciones académicas en base a las necesidades productivas nacionales. La nueva estrategia en materia de “internacionalización de la educación superior” se plasmó en las jornadas sobre el tema que concluyeron ayer en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, escenario de la sexta Convocatoria de Redes Interuniversitarias Internacionales.
Los planes estratégicos del Estado nacional son, entre otros, el de YPF, el industrial 2020, el territorial y el agroalimentario. La geografía cercana es Latinoamérica. Las jornadas fueron dirigidas a las áreas de Internacionales, Ciencia y Técnica, Extensión y Vinculación Tecnológica de las casas de estudios públicas y privadas del país.
“Uno siempre sale al mundo buscando aquellos elementos que mejor combinan con sus proyectos –dijo el ministro de Educación, Alberto Sileoni, al inaugurar las jornadas–. Promover las universidades argentinas en el exterior y nutrirnos de las instituciones extranjeras está en sintonía con nuestro proyecto de país”, agregó el ministro, para luego remarcar: “Es momento de vincularse con la globalidad desde una identidad propia”. Acompañaron a Sileoni su par de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao; el secretario de Políticas Universitarias, Martín Gill, y el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del CIN, Eduardo Rinesi. Al cierre de las jornadas se lanzó la convocatoria de las redes universitarias internacionales, que se realizan desde el 2006.
“Hasta ahora el Estado ponía el financiamiento sin ningún tipo de orientación. Los vínculos entre las universidades argentinas y las extranjeras eran muy dispares y no estaban enmarcados en una estrategia de país”, explicaron fuentes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. La idea, ahora, es distribuir el financiamiento en función de dos objetivos: la vinculación territorial con Latinoamérica y los planes estratégicos de desarrollo nacional. Para ello fueron convocados actores del sistema productivo, representantes de los ministerios de Economía, Industria y Agricultura, de fundaciones y organismos estatales con el fin de exponer sus experiencias y necesidades, que servirán de insumo para las casas de estudios en la formulación de sus proyectos.
“Hubo mucho intercambio; creo que van a salir buenos vectores de trabajo y desarrollo”, comentó el director del Area de Tecnología de YPF, Gustavo Bianchi, sobre las jornadas. En el caso de YPF, Bianchi señaló que “hacen falta recursos humanos, sobre todo en el área de geología. Necesitamos geomecánicos, geofísicos y geoquímicos, pero también del área del medio ambiente dedicada a la biología y a la ingeniería. Esto último se puede conseguir en el sistema (universitario nacional), pero desde el punto de vista geomecánico no hemos encontrado en el país, y creo que es una herramienta importante porque se utiliza tanto para el petróleo como para la minería”.
“Las jornadas implican un relanzamiento de la internacionalización de la educación superior en base a una estrategia de país”, agregaron desde el ministerio. “Y sin dudas está en el camino de fortalecer los vínculos entre las universidades y el desarrollo del sistema productivo nacional.”
Informe: Agustín Saavedra.

miércoles, 1 de agosto de 2012

A los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales les recomendamos que se anoten en las siguientes materias:
  • Pensamiento Político Argentino (González)
  • Pensamiento Social Latinoamericano (González)
  • Pensamiento Latinoamericano para la integración (Paikin)
  • La Argentina Reciente  II: (1983-1999) (Talento-De Piero)
  • La Universidad Hoy: Estructuras, Problemas y Políticas (Talento)
  • Las Aventuras del Marxismo Occidental. Primera Parte (Gruner)
  • Política Latinoamericana (Toer)
  • Globalización versus Regionalización: Procesos e Instituciones (Vazquez)
  • El modelo soviético y su aplicación en Europa Central (Varnagy)

miércoles, 25 de julio de 2012

Les recomendamos leer la siguiente nota publicada por Horacio González en el diario Página/12 el pasado 21 de julio.

Autonomía universitaria: problema de viejos


Por Horacio González *
Las autoridades de la UBA argumentan en torno a la autonomía universitaria para afirmar su voluntad de jubilar a los profesores que superaron el fatídico nivel de los 65 años de edad. De esta manera, se produce una invocación falaz de este concepto. No asombra que esto ocurra en la política universitaria –hablo de la que más conozco, la de la Universidad de Buenos Aires–, pues hace muchos años que no se escucha demasiado a las autoridades universitarias de esta casa proferir temas, conceptos o razonamientos que se refieran a las tradiciones propias del conocimiento. Es decir, a la filosofía en su relación con las artes y las ciencias, o a las relaciones del conocimiento con las condiciones de la existencia social. Este vacío de Universidad corre el riesgo de caracterizar hoy a la misma Universidad.
Entristece ver que se apela al concepto de autonomía cuando conviene a propósitos arbitrarios, y se lo omite raudamente cuando lo que está en juego es la perseverancia misma del sentido de la Universidad. No es la autonomía tan sólo una cuestión referida a los acontecimientos cordobeses de 1918. Ellos siguen actuando en la memoria universitaria aunque quiera negárselos por haber generado sus propias autocracias –ello ha ocurrido, sin duda—; pero aquellos principios siguen actuando. Porque principalmente son una apertura filosófica constante para pensar y situar lo universitario sin más. Para mí, la Reforma es un puñado de cosas que aún permanecen, aunque parezca que se discutan ahora cuestiones tan diversas a ella. Permanecen los textos de Deodoro Roca, que vacila entre declarar a toda ciudad como “Ciudad Universitaria” o volcarla al flujo social. O bien la Universidad abarcando todas las prácticas de conocimiento, o bien la Universidad poniéndose al servicio de las prácticas de transformación social. En el primer caso, el autonomismo es una soberanía absoluta del conocimiento universitario; en el segundo, una pieza más que hay que considerar como aparejo de un cambio político y de un estilo de compromiso social. No parece que haya variado la discusión. Esta es la discusión universitaria por excelencia: la permanente tirantez y desasosiego entre la Ciudad Universitaria y la Ciudad de la ciudadanía, el trabajo y las luchas.
¿A qué llamar autonomía universitaria? Precisamente al reconocimiento de esa tensión fundadora del sentido mismo de la Universidad. Cuando se quiere relativizar esa autonomía –que proviene de Humboldt, Kant, Renan y si se quiere, de Jauretche, Deodoro y José Luis Romero–, se da un paso en falso, por más garantizado que se crea en relación a las dominantes tesis politicistas en torno a las “autonomías relativas”. Sí, ya lo sabemos. No hay en el mundo nada que no se intersecte, combine o complemente con un saber anterior o simultáneo. El conocimiento real procede por pérdidas momentáneas de sus certezas para adquirir reemplazos pertinentes y categóricos. Pero la autonomía en su significado más elevado, que es el que pertenece a la Universidad, supone la elección de su enunciación propia, exonerada del peso del Estado que la financia. La comprensión de esta sustancial rareza es su verdadera originalidad. Es el descubrimiento de la Reforma –más allá de sus relevantes alcances latinoamericanos y sus varias deficiencias nacionales– que perdura en cada universitario argentino. Sabemos que la educación pública superior la financia y garantiza el Estado, pero hay un gesto interno que el Estado secretamente acata sin duda a desgano, que es el de saber que de él depende la institución que no le responde. ¿Por qué haría tal cosa el Estado? Y temo ponerme aquí bastante hegeliano. Porque su vida misma, que es la de la sociedad en su conjunto, se juega en el acto mismo del conocimiento, que ejerce una negatividad de aquello mismo que lo sostiene.
¿Sin embargo, no se viven tiempos tecnológicos, donde la Universidad, tan duramente criticada por su envanecimiento áulico, debería volcarse ahora al auxilio de las fuerzas productivas? Estamos totalmente de acuerdo con ello, pero diferimos de la manera de hacerlo y decirlo. Es que se daría mucho más el paso hacia la invención técnica y el carácter profundo de la ciencia, en cuanto en mayor grado se ahonden las cuestiones humanísticas, o si se quiere, filosóficas. No ha variado el panorama de las Universidades modernas desde que Kant escribió El conflicto de las facultades, donde la pieza maestra es la filosofía, y donde –adaptándola a nuestro tiempo–, lo que se relaciona con ella es una crucial filosofía de la ciencia. Entre nosotros, la cultivaron Varsavsky, Jorge Sabato, Amílcar Herrera, Klimovsky y tantos otros. Todo lo cual promete una profusión donde su clave maestra es la autonomía universitaria sustantiva. No la que se esgrime a último momento –desconociendo una ley nacional—, para mutilar el sentido de la Universidad trazando fronteras etarias, y mandando a mudar a los viejos. Como se decía: tirando todos los días a uno por la ventana.
Las universidades, luego del proceso militar, entraron en lo que considero la mala hora, la fementida globalización: revistas con referato, categorizaciones administradas del saber, incentivos inspirados en criterios de productividad. Se entró en la etapa de un saber tasado, regulado por inspecciones provenientes de redes cuya efectiva modernidad, ésta sí no cuestionable, sin embargo intervenía con peso inerte en el lenguaje universitario. Y con criterios compulsivos y regulables según un canon fijo, muchas veces encaminaba de forma fetichista las lecturas, citas e inflexiones ya dosificadas. Todo ello fue acompañado por el tributo que las Facultades más vinculadas al mundo de las prácticas les rindieron a las licencias de corporaciones privadas, consultoras, laboratorios, etc. ¿Era posible otro camino? Lo era, aún bajo estas consignas que mantenían un autonomismo relativo. Desde luego, significaban una resignación de la legitimidad intelectual universitaria: precisamente, su autonomía política y filosófica, inspirada en textos célebres del pasado. Pero bastaba con conservar tímidamente la tradición de las humanidades y de las ciencias, cuya relación compleja fue motivo de todas las disputas sobre el conocimiento en los dos últimos siglos, para preservar un halo necesario de autonomismo universitario sin rendirlo al monolingüismo de las jergas políticas de la hora, en la que realmente se habla en todos lados, disimulando una que otra vez con empaque academicista lo que realmente no se posee.
Falta ahora el don irreductible del conocer, que no se sustituye con consignas como la de la “sociedad del conocimiento”, muletilla de los fabricantes de productos que caracterizan la revolución comunicacional, lo que no es inadecuado ni molesto, pero no pueden sustituir lo que tanto la sociedad como el conocimiento tienen de insubordinados respecto a la epistemología propia que brota del mundo de las maquinarias. Allí hay un problema, pues el conocimiento es constituido por las máquinas tanto como éstas lo son por el conocimiento, y este vaivén no está establecido a priori sino que es el juego propiamente de la filosofía. Por eso debe ser ella la verdad última de la autonomía universitaria, y la garante final de su relación con la ciencia y la técnica. Las encrucijadas de la sociedad podrán ser más fructíferas con la autonomía sin más que postulando una “autonomía relativa”, que cede un concepto histórico fundamental sin hacer otra cosa que abrirle la puerta a un chato cientificismo.
Escuché dar clases a León Dujovne, León Ostrov, León Rozitchner, David Viñas, José Luis Romero, Gino Germani, Andrés Mercado Vera, Halperin Donghi, Carlos Correas, Nicolás Casullo, Alberto Plá, Reyna Pastor de Togneri, Enrique Pezzoni, Roberto Carri, Justino O’Farrell, Gunnar Olsson, Ana María Barrenechea, y de todos llevo una remembranza que, si no apagan los años, por lo menos me permite pensar en la enorme diversidad de sus estilos, conocimientos y discordancias. Era la Universidad de las grandes conferencias –tengo también el recuerdo de la oratoria de Borges y de Jauretche en el salón de Viamonte 430 y no consigo desprenderme de ciertas imágenes del gran dirigente estudiantil Daniel Hopen arengando desde sus escalinatas—, por lo que como viejo jubilable, desatendido por las torpes propedéuticas del saber administrado, les digo a quienes se especializaron en enjuiciamientos diversos en la espesura de la maraña universitaria, que no hay problema en irse, años más, años menos. Pero es a ellos, que son los que no están en el espíritu universitario –perdónenme—, a los que veo envejecer con cada dictamen extraído de sus pobres cartapacios. Dispénsenme esta mala noticia para ustedes, queridos administradores de la vida ajena, citando la autonomía cuando quieren, cuando la que de verdad interesa ya la abandonaron hace rato, o mejor dicho, ella los abandonó a ustedes.
* Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional.

lunes, 16 de julio de 2012

Entrevista a Arturo Fernández

“Es muy difícil que lo acompañen”


Fernández sostiene que Hugo Moyano “se apresuró a ir a una ruptura” de la central obrera porque “para la mayoría de las tendencias sindicales es prácticamente imposible enfrentar a un gobierno” justicialista con políticas “favorables a los intereses de los trabajadores”.

“Moyano se apresuró a ir a una ruptura adonde es muy difícil que lo acompañe no ya la mayoría de los votantes justicialistas, sino incluso la mayoría de los dirigentes sindicales.” El politólogo Arturo Fernández sostiene, en esta entrevista con Página/12 que, “para las diversas tendencias sindicales, es prácticamente imposible acompañar a Moyano a enfrentar a un gobierno que, además de ser de signo justicialista, realmente ha hecho una política laboral y social bastante favorable a los intereses de la mayoría de los trabajadores”. Además, el investigador del Conicet, autor de Estado, instituciones laborales y acción sindical, entre otros libros, analiza los “errores” del camionero y los impactos gremiales y políticos de la fractura de la central obrera.

–¿Cómo analiza el proceso de división de la CGT?
–Creo que terminó por formalizarse una situación antigua, porque siempre hubo nucleamientos o tendencias en la CGT caracterizadas por diversas posturas frente a la patronal y frente al Estado. Que ahora haya tres tendencias más o menos formalizadas, aunque no creo que se formen tres CGT reconocidas por el Estado, en realidad lo que hace es profundizar y formalizar esas divisiones preexistentes.
–¿Y por qué cree que se dieron esas divisiones?
–Lo que observo desde hace meses es que Moyano y el pequeño círculo que lo acompaña no comprenden que para la mayoría de las tendencias sindicales es muy difícil, o prácticamente imposible, acompañarlo a enfrentar a un gobierno que, además de ser de signo justicialista, realmente ha hecho una política laboral y social bastante favorable a los intereses de la mayoría de los trabajadores. Si en la época de los ’90 la mayoría de los sindicalistas aceptaron el liderazgo de Menem, es poco probable que ahora lleguen a enfrentar a un gobierno a grandes rasgos peronista, con la vieja tradición de lazos con el Estado que los caracteriza.
–¿Cómo impacta en el movimiento obrero la fractura de la CGT y la ya conocida división de la CTA?
–Me parece observar grupos con tendencias cambiantes, pero que por ahora se mantienen. En el movimiento obrero están los que participan con cualquier gobierno y negocian. Los estrictamente seguidores de la tradición de (Augusto) Vandor, la de negociar y golpear pero nunca abandonar la identidad peronista. Y otra más confrontativa que encarnaron (Saúl) Ubaldini y luego Moyano durante la época menemista.
–¿Qué impacto político puede tener esta nueva dinámica?
–Es un gran problema el hecho de que haya tres CGT, con la posibilidad de que la CTA, también dividida, acompañe. Es una fragmentación que no le hace bien al Gobierno, en un momento en que necesita el máximo número de aliados favorecidos por sus políticas, debido a la crisis internacional y a una constante muestra de odio social que ya es tradición de los sectores dominantes en la Argentina. El odio social de hoy no se veía desde las grandes reformas del primer peronismo.
–En este sentido, ¿cree que habrá mayor nivel de protesta social?
–Hasta cierto punto, lo demostró la UTA (Unión Tranviarios Automotor) en este fin de semana. La UTA, oficialista, llamémosla así, no se privó de una muestra de fuerza para terminar de arreglar las paritarias. Por eso, si el Gobierno espera una total docilidad de todos los sindicalistas que aparentemente rompieron con Moyano, tampoco la va a encontrar. Sobre todo, porque existe el crecimiento propio de una época de gran dinamismo económico y libertad política, algo raro en la historia argentina, que llevó a la reaparición y multiplicación de un sector clasista, que no está fortaleciendo a un gobierno ya de por sí atacado duramente por la derecha.
–¿Considera que el enfrentamiento de Moyano con el Gobierno forma parte de una estrategia política propia?
–Creo que fue una estrategia política, y equivocada, aunque pudo haber tenido rispideces personales particularmente con la Presidenta, pero eso no lo sabemos con precisión. En todo caso, el haber demandado temas que pueden ser interesantes, como la aplicación del artículo constitucional de la participación de los trabajadores en las ganancias, fue el primer paso de una serie de desencuentros. Pero al contrario de otras figuras del justicialismo, creo que Moyano se apresuró a una ruptura donde es muy difícil que lo acompañe, no ya la mayoría de los votantes justicialistas, sino incluso la mayoría de los dirigentes sindicales.
–En su discurso en Ferro, Moyano abordó terrenos puramente políticos, habló incluso de los votos para la próxima elección. ¿Qué lectura hace de esto?
–Es otro error creer que se puede formar un partido dirigido por Moyano o por otro sindicalista que pueda competir electoralmente. La mayoría de las clases medias en la Argentina no quieren como opción política a un sindicalista de esta tradición. Esto vale para él y para cualquier otro. Hoy, ni el más honesto de los sindicalistas ganaría una elección presidencial. Resulta muy difícil contrarrestar la campaña, vehiculizada por los medios dominantes, de denigramiento de los sectores sindicales dirigentes, y por motivos justificados en la minoría de los casos.
–Volviendo a la división de la CGT, ¿qué legitimidad cree que va a tener cada sector?
–Dejando de lado la formalidad, va a ser reconocida por el Estado la CGT que surja del congreso de octubre, que va a tener la mayoría de los sindicatos. Una proporción, según cálculos de un grupo sindical de La Plata, indica que esta nueva tendencia de la CGT, integrada por tradicionales participacionistas como los Gordos, más algunos sindicatos que se fueron del moyanismo, tiene cerca del 60 por ciento de los trabajadores. Después, hay un 25 por ciento en la CGT de Moyano, y otro 15 por ciento en la CGT Azul y Blanca que lidera (Luis) Barrionuevo, y que probablemente no adhiera ni a uno ni a otro sector. Evidentemente, el Gobierno queda con el proyecto de tener a la cabeza sindicatos industriales, y particularmente a la Unión Obrera Metalúrgica, que seguirá desplegando la vieja táctica de negociar y golpear.
Entrevista: Agustín Saavedra.

miércoles, 4 de julio de 2012

Compartimos con Ustedes la nota publicada hoy en Página 12 acerca del golpe en Paraguay en la cual se consulta la opinión del politólogo Amílcar Salas Oroño, entre otros.

Nuevas formas de golpismo en la región

Con distintos matices, los expertos consultados compartieron críticas al proceso de remoción de Lugo, pero también señalaron que la debilidad política del mandatario depuesto contribuyó al desenlace irregular de la crisis paraguaya.

 Por Sebastian Abrevaya
La destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, abrió un debate entre intelectuales y políticos respecto de las nuevas formas de golpismo en América latina. Los presidentes de la Unasur resolvieron en la cumbre de Mendoza que se trató de “una ruptura del orden democrático” y, en concordancia con el Protocolo de Ushuaia, suspendieron la participación de Paraguay en ese bloque regional y también en el Mercosur. Sin embargo, la contundente y unánime respuesta política regional no agotó el debate intelectual que sigue generando controversias. Página/12 consultó a los politólogos Aníbal Pérez-Liñán y Amílcar Salas Oroño y también al director nacional electoral, Alejandro Tullio, quienes compartieron críticas al proceso de remoción de Lugo, pero también señalaron que la debilidad política del mandatario depuesto contribuyó al desenlace irregular de la crisis paraguaya.
“Es tentador llamar a lo que ocurrió en Paraguay como golpe de Estado, pero creo que es un error porque no permite entender claramente lo que sucedió. No hubo una operación militar en contra del presidente electo, como en Honduras hace tres años. En Paraguay, el Congreso abusó de su autoridad constitucional para destituir al presidente”, sostiene Pérez-Liñán, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Nôtre-Dame y uno de los mayores especialistas argentinos en política comparada latinoamericana. Pérez-Liñán, además, es autor del libro Juicio Político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina, que analiza las crisis presidenciales de la región durante los últimos veinte años, en donde cayeron 21 presidentes, pero sólo en tres hubo intervención militar. Para Pérez-Liñán, “estirar” la etiqueta de golpe de Estado lleva a “un callejón sin salida”, porque podría derivar en que toda caída de un presidente pueda ser denunciada ante la OEA como un golpe y, según mayorías circunstanciales, convertirse en un recurso de “intervención arbitraria”.
“En cualquier caso, la caída de un presidente electo es una tragedia constitucional, pero la desmilitarización de la política latinoamericana en los últimos veinte años es un logro que no debe ser ocultado por un juego de palabras”, concluye el docente de la Universidad de Pittsburgh que, si bien calificó como “dudoso” el proceso de juicio político, afirmó que su legalidad está dada por la autoridad constitucional del Congreso para llevarlo adelante.
Desde otra perspectiva, para Salas Oroño se trata sin dudas de un golpe de Estado, “tanto por falta de demostración sustantiva y articulada de argumentos expuestos en el juicio político como por la ausencia de una posibilidad efectiva de defensa”. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA e investigador del Instituto de Estudios de América latina y el Caribe dependiente de la misma universidad, Salas Oroño advierte que el caso paraguayo constituye un ejemplo de lo que denomina la implantación de una “ideología parlamentarista” como un fenómeno construido con el esfuerzo combinado de las elites conservadoras en cada país en alianza con los medios de comunicación, “que fuerzan una específica interpretación de la realidad en la que se desvaloriza la legitimidad de los poderes ejecutivos”.
“De un lado se encuentran determinados Poderes Ejecutivos que, con mayor o menor determinación, se plantean como horizonte político desagregar los elementos tradicionales de las dialécticas neoliberales. Del otro, Parlamentos que funcionan como refugios institucionales para la reorganización política de las diferentes oposiciones. Lo que no pueden lograr de otra forma, los sectores opositores lo encuentran a través del Parlamento”, explica Salas Oroño.
Tomando esta idea, para Salas Oroño el principal déficit del gobierno de Lugo debería ubicarse en el plano político: “En comparación con los otros gobiernos del mismo signo en el Cono Sur, que también tienen deudas sociales en su haber, Lugo no logró, ni siquiera, un cambio en los realineamientos de las identidades políticopartidarias. La debilidad de las fronteras políticas que trazó no sirvió ni para retener a sus propios aliados; a fin de cuentas, fue el Partido Liberal el que definió la suerte del Presidente”, concluye.
En un sentido similar, el abogado y titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, cuestionó la actitud del Senado paraguayo y argumentó que en la Constitución “hay conceptos que no explicita porque su significado esta implícito”. Uno de esos significados implícitos es el de juicio, “que requiere de acusación circunstanciada en hechos, ejercicio sustancial –no formal– del derecho de defensa y, además, una sentencia fundada”. Para Tullio el Senado en los hechos no juzgó ni sentenció, sino decidió y votó la destitución “en un ejercicio autojustificativo donde el fundamento de la decisión es únicamente la facultad legal de tomarla”. Según Tullio, esta actitud se condice con “una especie impropia de revocatoria de mandato” por parte del Senado, la cual es impropia porque sólo puede revocar quien otorga el mandato que es el pueblo paraguayo.
El debate no parece encontrar una conclusión común al final del análisis. La calificación como golpe de Estado depende, en gran medida, del énfasis que se les otorgue a las irregularidades reconocidas por los intelectuales en el proceso de destitución, encabezadas por la falta de un ejercicio real del derecho de defensa, la falta de rigor en la acusación realizada por la Cámara de Diputados y los plazos acelerados que sirvieron para evitar el impacto de la presión internacional.
Este análisis va en sintonía con las palabras del secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, quien afirmó en referencia al caso que “el estricto apego a la letra formal de la norma no significa necesariamente el apego a los principios”.

miércoles, 25 de abril de 2012

Hoy Pía López en el Taller de Historia Política Argentina

HOY NOS ACOMPAÑA MARÍA PÍA LÓPEZ
EN EL TALLER DE HISTORIA POLÍTICA ARGENTINA.
HABLARÁ DE ARTIGAS Y JUNTO A NACHO POLITZER
(NUESTRO QUERIDO COORDINADOR DEL TALLER)

TOCARAN LOS TEMAS DE NUESTRA SEGUNDA CLASE:


Clase N°2 - Miércoles 24 de abril / 19hs

Primer parte: 


El rol de Artigas. Andresito Artigas y los caudillos del litoral. 


San Martin, político, militar: un hombre con una causa. Encuentro con Bolívar.

Segunda parte:


 Dorrego a Rosas, alianzas políticas con los caudillos. 
Caseros cambia las cosas, sube Mitre, rol de Sarmiento.


FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE CONSTITUCIÓN.
19HS, SUBSUELO.


sábado, 21 de abril de 2012

Comunicado de Trabajo Social

En reunión de Junta de la Carrera de Trabajo Social del 19-04-12 se trató y se aprobó la propuesta de reformulación del Plan de Estudios elaborada en más de 10 años de consultas a todos los actores de la comunidad académica. Agradecemos la participación en las instancias que ha implicado este provechoso y no por eso menos dificultoso proceso.
Lamentamos los actos de violencia ejecutados en esa ocasión por la mayoría estudiantil y otros jóvenes que los apoyaban. Descontentos con la resolución (pese a que la última versión del texto incluía varias de las propuestas elaboradas por dicho sector), intentaron interrumpir el funcionamiento de la reunión con gritos, empujones y agresiones. El resto de los consejeros de junta, la directora de la carrera, docentes y autoridades fueron agredidos, empujados, insultados. Las personas vinculadas a esta postura procuraron impedir, por la fuerza, la salida del edificio de la directora de carrera. Bloquearon escaleras para impedir la circulación. Impidieron que personal y autoridades de la carrera pudieran retirar sus pertenencias de la oficina de la dirección, todo esto a través de acciones de violencia física y verbal. Entre las cuestiones mas graves a señalar se encuentra que la vicedecana de nuestra facultad fue insultada aludiendo a su
condición de sobreviviente de un centro de detención clandestino.

Creemos que estas prácticas antidemocráticas y autoritarias no contribuyen al debate tantas veces declamado por estos grupos que buscan imponer sus opiniones por la fuerza.

Equipo de Gestión
Carrera de Trabajo Social
FSOC-UBA

viernes, 9 de marzo de 2012

Jornadas Ciencias Sociales y Política en Argentina

15/03/2012 10:00a16/03/2012 21:00
El Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas organiza las Jornadas “Ciencias Sociales y Política en Argentina” a realizarse el 15 y 16 de marzo en la Biblioteca Nacional.
Estas jornadas buscan promover un amplio y plural debate acerca del estado actual de las Ciencias Sociales y la agenda política del país.
La entrada es libre y gratuita y se entregarán certificados de asistencia con pedido previo a idaes@unsam.edu.ar.

Ciencias sociales y política en Argentina
Biblioteca Nacional – 15 y 16 de Marzo de 2012

Jueves 15 de Marzo
10:00 – Palabras de Bienvenida
Ministro de Ciencia y Tecnología – Ministro de Educación - Presidente del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales
10:30 – Apertura – Política y ciencias sociales: encuentros y desencuentros
Dora Barrancos, José Nun, Emilio de Ípola, Juan Carlos Torre
Coordina: Aníbal Viguera
13:00 – Pausa
14:30 – Mesa I – Ciencias Sociales, Estado, Ciudadanía y Derechos
Juan Manuel Abal Medina (a conf.), Víctor Abramovich, Gabriel Kessler, Margarita Rozas
Coordina: Sandra Arito
16:30 – Pausa
17:00 – Mesa II – Desafíos para la articulación entre ciencias sociales y política
Horacio González, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson
Coordina: Daniela Soldano
Viernes 16 de Marzo
10:30 – Mesa III – Democratización de la comunicación y reconocimiento de identidades
13:00 – Almuerzo
14:30 – Mesa IV –Ciencias sociales, política y emancipación
Ricardo Forster, Héctor Schmucler, Eduardo Gruner
Coordina: Sergio Caletti
16:30 – Pausa de Café
17:00 – Mesa V– Políticas de investigación en ciencias sociales
Eduardo Rinesi, Lucas Rubinich, Federico Schuster, Ernesto Villanueva, Carolina Scotto (a conf.)
Coordina: María Matilde Ollier
19:00 – Cierre de la Jornada
Leonor Arfuch, Roberto Follari, Damián Loreti
Coordina: Luis Nelly

lunes, 5 de marzo de 2012

Con las funciones ampliadas

LOS NUEVOS PODERES Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DEL BANCO CENTRAL
Enterrando las ideas de la ley de convertibilidad, el banco podrá intervenir en el desarrollo económico con equidad, estabilidad financiera y crédito productivo, y regular actividades hasta ahora ignoradas.

Por Tomás Lukin
El Banco Central ampliará sus funciones y cambiará de objetivos para incluir, además del control de la inflación, el de- sarrollo económico con equidad y la estabilidad financiera. Las modificaciones a la Carta Orgánica enviadas por CFK al Congreso no sólo redireccionan el accionar del organismo hacia la economía real, sino que amplían el arsenal del BCRA para regular y orientar el crédito productivo de largo plazo, subsanan limitaciones al accionar del banco que promovían nichos de negocios financieros y extienden su alcance marco regulatorio a actividades hasta ahora ignoradas.
La iniciativa, explicó la Presidenta, apunta a plasmar en el marco normativo el actual funcionamiento de la política macroeconómica. Junto con la ampliación de los objetivos del banco se eliminan resabios de la convertibilidad (ver aparte). Para eso se modifica la obligación de mantener una relación directa entre la base monetaria –billetes y depósitos en la economía– y la cantidad de reservas. Ese concepto funcional al 1 a 1 será reemplazado por una nueva forma de determinar el nivel de “reservas óptimas”. El proyecto dispone que cuando el stock de divisas supere ese punto, el excedente podrá ser destinado al pago de vencimientos de deuda externa.
El proyecto, cuya elaboración y debate interno comenzó seis meses atrás, ya despertó la oposición pública de un conjunto de ex presidentes del banco que hoy conduce Mercedes Marcó del Pont, como el desplazado Martín Redrado o el diputado de la Coalición Cívica y otrora jefe de Estrategia del Area de Monedas del banco de inversión JP Morgan. En el Gobierno y el Banco Central no tienen dudas de que el sistema financiero también responderá con críticas directas e indirectas, a través de distintos lobbistas. El debate parlamentario comenzará esta semana.
- Triple mandato: El Banco Central ampliará su mandato para perseguir objetivos múltiples. La estabilidad de precios, meta única y exclusiva instalada en 1992, pasará a estar acompañada por “el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera”. Los cambios en los objetivos del BCRA recuperan mandatos existentes en el organismo desde su creación en 1935 y bajo gobiernos de distinto signo político como el pleno empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. Las nuevas metas son similares a las perseguidas por los bancos centrales de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Turquía y Vietnam, entre otros.
El fracaso de los bancos centrales limitados a perseguir “metas de inflación” sin atender la economía real quedó en evidencia durante la crisis donde muchos de los bancos más conservadores debieron ir más allá de su mandato para evitar un estallido del sistema financiero y sus economías. Así, un extenso grupo de países –Uruguay, México, Rusia, Alemania, India, Inglaterra y el Banco Central Europeo, entre otros– impulsó reformas en la Carta Orgánica de sus bancos centrales entre 2008 y 2010.
“La actual Carta Orgánica del Banco Central está disociada de este modelo productivo. La nueva normativa deja en letra escrita lo que se viene haciendo en los últimos años. La autoridad monetaria pasará a tener como objetivo la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social”, explicó Mercedes Marcó del Pont a Página/12. El último punto, “el desarrollo económico con equidad social”, contempla un amplio espectro de objetivos como la creación de empleo, el crecimiento económico, la distribución del ingreso y también la cuestión medioambiental. También incluye la preservación de un tipo de cambio real acorde con el modelo. Hoy la estructura productiva argentina requiere un tipo de cambio competitivo pero ese nivel no es necesariamente el mismo que se necesite para cumplir los objetivos macroeconómicos dentro de veinte años, explican en el Banco Central.
La decisión no implica que el BCRA dejará de “preocuparse” por la inflación, sino más bien se deshace de la visión monetarista del fenómeno donde el único causante de los aumentos de precios es la emisión monetaria y un exceso de la demanda. En cambio, reconoce que el Banco Central y su accionar no sólo afectan los precios sino también, y fundamentalmente, la economía real. A su vez, permite realizar un abordaje de la inflación más complejo donde inciden distintos factores como la puja distributiva y el sector externo.
Los cambios sintonizan el accionar del BCRA con los objetivos de la política macroeconómica del Gobierno pero preservan la independencia del Banco Central, un aspecto central en la matriz neoliberal de las autoridades monetarias instalado en la década del ochenta.
- Impulsar crédito: En Argentina el crédito representa solamente el 14 por ciento del PIB, se trata de un nivel bajo en términos históricos y a nivel regional. A su vez, esos préstamos están concentrados en los sectores que más rentabilidad brindan a los bancos: el consumo y el comercio exterior. Hoy el Banco Central cuenta con herramientas muy limitadas para potenciar el crédito como diferenciar encajes –la porción de los depósitos que deben mantener inmovilizados los bancos– para beneficiar a pymes o economías regionales. “No existen ejemplos en el mundo de despegue económico exitoso donde el crédito a la inversión de largo plazo no haya jugado un papel trascendental en el proceso de desarrollo”, explican en el equipo económico.
Por eso, las modificaciones otorgan a la autoridad monetaria un rol activo en la promoción del crédito productivo de largo plazo. Para eso podrá regular las condiciones de los préstamos: extender plazos, fijar techos para las tasas de interés, orientar el destino hacia cualquier sector productivo o región, limitar las comisiones y los cargos.
“No nos vamos a convertir en una banca de desarrollo. Los cambios en la legislación nos dan facultades para recuperar el crédito. Pero se trata de un proceso que va a avanzar lentamente, que requiere un abordaje integral tanto desde la oferta como la demanda de crédito”, explicó Marcó del Pont. Los cambios dotarán al BCRA de las mismas facultades para regular el crédito de países como México, Perú y Colombia. El Banco Central de Brasil posee la capacidad para “ejercer el control del crédito sobre todas sus formas”.
- Ampliar el perímetro: La necesidad de re-regular el sistema financiero a partir del estallido de la crisis financiera avivó debates en todas partes del mundo. Si bien en Argentina el sistema financiero no desarrolló instrumentos como los que detonaron la burbuja crediticia en Estados Unidos, existen amplios sectores que no están cubiertos por ningún marco regulatorio o con escasa normativa. El proyecto apunta a subsanar esas zonas grises y deja abierta la posibilidad de extender el ámbito de influencia del BCRA a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias hacia nuevas actividades cuyo accionar tenga directa o indirectamente efectos sobre el sistema financiero.
La nueva legislación especifica un conjunto de sectores que serán regulados como las cámaras compensadoras o casas de clearing, los sistemas de pagos –empresas como Pago Fácil, Rapipago o Pagomiscuentas.com–, las empresas que permiten el envío de remesas al exterior y las transportadoras de caudales. En el primer caso, la necesidad de establecer un marco regulatorio responde al riesgo sistémico potencial que puede generar una falla en el funcionamiento del clearing bancario y del resto del sistema financiero. Las remesadoras, firmas como Western Union, que mueven un monto significativo de divisas, se encuentran en un gris regulatorio que incluso preocupa a las mismas compañías. Finalmente, las transportadoras de caudales, como Prosegur, Brinks o Maco, fueron señaladas como un factor en la cadena de circulación de dinero que agudizó los faltantes de billetes y monedas. Cuando se registraron esos inconvenientes, el BCRA no tenía facultades para requerirles ningún tipo de información. Esos vacíos legales serán subsanados si se aprueba el nuevo proyecto.
- Protección del usuario: La legislación impulsa cambios para prevenir el abuso en las relaciones entre el sistema financiero y sus clientes que al momento de reglamentar la ley implicará la creación de un área específica en el BCRA. La nueva Ley de Entidades Financieras que impulsa el diputado Carlos Heller crearía un organismo similar, aunque la legislación propuesta por CFK no contempla que el sistema financiero sea considerado un servicio público.
La Ley de Entidades Financieras vigente faculta en su artículo 30 a regular las tasas de interés o las comisiones y cargos pero solamente en casos de problemas de liquidez y solvencia. El sistema financiero no está en crisis: cuenta con liquidez y se encuentra solvente. Por lo tanto, la autoridad monetaria no puede poner en práctica esas atribuciones. Los cambios propuestos por CFK extienden esas facultades a cualquier escenario macroeconómico para prevenir desde situaciones de usura como las tasas de interés abusivas que cobran las tarjetas de crédito cuando hay un sobregiro o los elevados costos financieros de los créditos personales, hasta aspectos vinculados con el riesgo sistémico, como la limitación de las garantías reales en los créditos hipotecarios. Si se aprueba la legislación, aspectos como la regulación de las tasas de interés que cobran las mutuales a los jubilados no requerirán más un decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta, sino que se resolverán a través de una normativa del Banco Central.
- Defensa de la competencia: Las normas incorporan a las funciones del BCRA la necesidad de limitar la concentración en el sistema financiero y evitar el abuso de posiciones dominantes. Así, la autoridad monetaria colaborará activamente con las comisiones nacionales de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia. Actualmente el BCRA es el responsable de aprobar o denegar cualquier fusión o adquisición, recientemente autorizó la venta de la filial argentina del Standard Bank al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), pero no puede rechazar una operación por cuestiones de concentración económica. Los cambios habilitan a la autoridad monetaria a contemplar esos aspectos.
- Superintendencia: En el BCRA señalan que la iniciativa potencia el rol del organismo encargado de supervisar y auditar todo el sistema bancario, así como de autorizar las fusiones y adquisiciones entre entidades. Hoy la Superintendencia es un órgano “desconcentrado” y con los cambios su actuación será dirigida por el presidente del Banco Central. Así, argumentan en el Central, el organismo será “jerarquizado”, al tiempo que se extiende su alcance de regulación y supervisión a nuevas actividades.
Con los cambios, se concentra en una misma cabeza, el directorio del organismo, un conjunto de decisiones referidas a la política monetaria y la estabilidad financiera. En el Banco Central enfatizan que el movimiento está en sintonía con la experiencia internacional: En 2001 el gobierno inglés creó la Autoridad de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés) como un organismo separado de su banco central para regular el sistema financiero, el año pasado luego del estallido de la crisis donde el gobierno llegó a nacionalizar un banco, se comenzó a planificar la desintegración de la FSA para consolidar la regulación con la política monetaria en el Banco de Inglaterra.
Si bien en el BCRA no lo reconocen, la Superintendencia se convirtió en un nicho de negocios financieros. A comienzos del año pasado el entonces superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del organismo autorizó a un conjunto de bancos extranjeros a distribuir dividendos, que fueron girados al exterior, por una cifra cercana a los 800 millones de dólares sin consultar a las autoridades del BCRA. Los cambios en la legislación imposibilitarán que se repita una situación similar.
- Un detalle no menor: Actualmente los directores del BCRA no pueden ser “accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación”. Así, por ejemplo, la presidenta del Banco Central tuvo que renunciar a su cargo en el Banco Nación cuando asumió. Pero la redacción del artículo 8 de la Carta Orgánica presenta zonas grises, ya que no precisa que tampoco pueden ser directores quienes se desempeñen en actividades como sociedades de Bolsa u otras actividades financieras. La nueva legislación amplía la incompatibilidad a cualquier negocio financiero y quien acceda al directorio del BCRA deberá renunciar a otras actividades en el sector.

sábado, 3 de marzo de 2012

“Si fuera juez en España, tendría miedo”

Entrevista a Eugenio Raúl Zaffaroni. Veintitres.

Por Franco Mizrahi

El ministro de la Corte habla de todo. La condena a Garzón, reforma constitucional, minería, la tragedia de Once y su última obsesión: “La Pachamama y el humano”.


El ministro de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni es un hombre de mundo. Y sobran los argumentos para sostener la afirmación: no sólo es reconocido internacionalmente –hasta el periodista Víctor Hugo Morales lo definió como “el Messi de la Justicia”– y viaja para dar conferencias por diversos continentes sino que hasta se animó a publicar el libro La Pachamama y el humano, donde vuelca sus preocupaciones sobre el futuro del hombre en la Tierra. “En definitiva, me pregunto sobre el destino de la humanidad. ¿Qué somos: una manifestación superior o el cáncer del planeta?”, explicó Zaffaroni a Veintitrés, apenas horas después de aterrizar en el país tras un viaje de trabajo.

–¿Pero cómo vinculó la Pachamama con una discusión teórica sobre el derecho?
–En derecho penal, hay una discusión teórica sobre el bien jurídico. En realidad, es un tema central de la discusión de toda la vida. Uno de los puntos donde se pone en crisis el bien jurídico es el delito de maltratamiento de animales. Ahí se plantea si hay titulares de bien jurídico que no son seres humanos. Hace mucho que estaba juntando material para eso. Lo sorprendente es que, de pronto, las constituciones de Bolivia y Ecuador, invocando la tradición ancestral latinoamericana, agregaron a su letra que hay una relación de paridad con la naturaleza, que no somos los únicos titulares del bien jurídico. En tanto que, en el mundo central, también hay científicos que afirman que somos parte de la naturaleza. Fue esta coincidencia que se está produciendo en el mundo la que me impulsó a escribir el libro.

–¿Los derechos de la naturaleza hoy son aplicables en la Argentina?

–No sería inconstitucional plantearlo. Sería bueno que lo repensáramos en caso de reforma constitucional, no hablo en coyuntura. Porque esta coincidencia de cosmovisión central y periférica-colonizada nos está diciendo algo. La amenaza de supervivencia de la vida humana en el planeta es cierta.

–¿El debate de la minería a cielo abierto entra en este esquema?

–Esos conflictos tienen que tener un tratamiento especializado nacional. Quizá debamos crear un tribunal administrativo federal o un fuero especial. Hay que tomar conciencia de que estas cosas son el comienzo de un problema que seguirá a lo largo del siglo. Son conflictos que no se pueden resolver sin conocimiento técnico. Ni el ecologismo radical, que dice que todo contamina, ni el interés económico, que dice que no contamina nada, son buenos parámetros. Hay que ver hasta qué punto estamos violando la naturaleza y hasta qué punto vivimos de ella. De momento, estamos como podemos pero hay que pensar con cierta urgencia en un cuerpo especializado. Es la gran materia de este siglo, que puede ser el último si no nos cuidamos. El problema es serio. Además, el mismo deterioro del planeta genera conflictos políticos y bélicos.

–¿Es necesaria una reforma constitucional para incorporar los nuevos temas del siglo XXI?

–Si respondo, lo van a deformar por cualquier lado y me van a salir con lo de la re-reelección. Si podemos obviar lo coyuntural, cosa que sé que políticamente es difícil, creo que tenemos que sentarnos a repensar nuestra institucionalización. Sobre todo cuando no tenemos una crisis que nos obliga.

–Como sucedió en 1994.

–Esa reforma se quedó a mitad de camino en muchas cosas, creó problemas por dejar instituciones sin pergeñar bien. Tenemos una Constitución escrita y rígida y no es fácil hacer una reforma, se necesita un acuerdo político para ello. Fuera de toda premura y coyuntura, tendríamos que sentarnos a pensarla.

–En estos meses, también presentó su libro La cuestión criminal. ¿Es una síntesis de su obra La palabra de los muertos, con un lenguaje más coloquial?

–Sí. En realidad creo que el primer libro me salió mal porque quise hacer el segundo. La cuestión criminal está explicado más coloquialmente, usando un gancho irónico y tiene los dibujos de Rep. Allí sostengo que la academia se queda encerrada en los cubículos mientras el común de las personas tiene una vivencia de la cuestión criminal y de la violencia social que la obtiene de los medios de comunicación, una especie de criminología mediática que no tiene nada que ver con lo que pensamos de lo académico. Pero hay que tener cuidado porque esa vivencia de la gente se le impone al político, que hace las leyes. Y la realidad es otra. Para acceder a ella, intenté que los muertos hablaran y observé que el poder punitivo, cuando se descontrola, es el primer homicida. Produce más muertos que la guerra. Contra eso, lo que propongo es una criminología cautelar. Es decir, contengamos al poder punitivo.

–Cambio radicalmente de tema, ¿cuál es su visión de la tragedia de Once?

–No puedo abrir un juicio sobre eso porque, como todo lo que sucede en el país, puede llegar algún día a la Corte. Pero fue una tragedia incomprensible, una tragedia idiota. No puedo pensar que un tren no pare al llegar a la estación. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede suceder eso?

–¿Considera que la tragedia puede oficiar de disparador para cambiar la estructura ferroviaria del país?

–No lo sé. Pero en el país tenemos un desastre en estructura de transporte. Lo que se hizo en la década del ’90 fue suicida, resultado de eso es que hoy mandamos por carretera toda la carga y todo el transporte de pasajeros y estamos introduciendo cada vez más autos. Nos vamos a matar todos. Hoy tenemos que construir todo el sistema ferroviario, no sólo suburbano sino en el país. Tenemos que repensar eso. Implica una inversión fuerte, que hace a la infraestructura económica del país.

–¿Estaría de acuerdo con una estatización de los servicios públicos del transporte?

–No lo tengo claro. Lo que sí sé es que no se lo puede tratar con un criterio meramente economicista. El transporte tiene que tener subvenciones y participación estatal, de alguna forma. Hay cosas que no son rentables pero dan como ganancia el desarrollo de una región. Es elemental. Habría que ver qué es lo que más conviene.

–¿Y cómo analiza la quita de los subsidios?

–Más allá de las dificultades de carácter práctico o situaciones de injusticia que puedan plantearse y que tendrán que resolverse, no podemos estar subsidiando a quien tiene dinero para pagar el costo del servicio. No me pueden subsidiar la electricidad a mí. No estoy en la misma situación que el que está en la villa.

–Le pregunto por un tema que no debiera llegar a la Corte: el reclamo por Malvinas.

–Es un problema interno de los ingleses. Como toda Europa, Inglaterra está viviendo un momento de crisis y tenía que distraer la atención, por lo que inventaron que íbamos a hacer una guerra en Malvinas. Una cosa totalmente absurda. La única vía para reconquistar las islas es la diplomática, sabiendo que su aplicación eficaz depende, como todo el derecho internacional público, de circunstancias de política mundial. Hay que mantener los argumentos jurídicos, apelar a los organismos en que tenemos representación y algún día algo pasará.

–Hablando de cuestiones mundiales. Baltasar Garzón fue uno de los jueces que juzgó a los genocidas argentinos cuando aquí regía la impunidad. ¿Qué opina de la reciente decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitarlo por 11 años?

–Desde el punto de vista jurídico, aplicaron un tipo de prevaricato que a mi juicio es inconstitucional porque es un tipo difuso, si alguien me dice qué es una “sentencia injusta”, se lo agradezco. Segundo: el Tribunal Supremo juzga en instancia única un delito, no una remoción; imagínese lo que pasaría en la Argentina si juzgásemos en instancia única en materia penal a los jueces: cada vez que no nos gusta lo que hace un juez, lo condenamos. Aquí, las remociones las determina el Consejo de la Magistratura. Allá, en cambio, lo juzga el Supremo, un tribunal que no es imparcial porque es el mismo que decide si las sentencias de los jueces son conforme a derecho, y el derecho no es unívoco. Yo puedo hasta estar de acuerdo en que a Garzón se le fue la mano por disponer ciertas escuchas, pero qué hubiéramos hecho en la Argentina: hubiéramos nulificado, revocado la sentencia, hasta hubiéramos ordenado extraer del expediente las fojas y listo. Como máximo hubiésemos dispuesto un llamado de atención al juez. Esta sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta para que pueda pasarle a cualquier juez. Si yo fuera juez en España tendría mucho miedo.

–¿Considera que esta decisión sirve para no revisar los crímenes del franquismo?

–Es muy llamativo lo que sucedió. Puedo pensar que estuvo vinculado al franquismo aunque yo más bien me inclino por otra cosa: en toda corporación, y sobre todo si se ve la actitud corporativa del Supremo español, un tipo como Garzón molesta internamente, perturba el funcionamiento burocrático de la corporación. Una cosa es revocar una sentencia y otra condenar al juez como delincuente. Mire si tuviéramos ese poder nosotros. Una locura.