martes, 31 de enero de 2012

El significado de Malvinas

 
 
 Por Horacio González *
Cualquier lectura de la historia de las islas Malvinas –la más recomendable es, sin duda, la de Paul Groussac, escrita en 1898, que a su ponderada visión histórica le agrega el condimento sutil de la ironía– arroja un resultado palmario. Son una pieza fundamental de la historia marítima, comercial, militar y científica de esta región del planeta. No puede haber dudas sobre los títulos de la potestad argentina sobre el archipiélago, y ellos surgen de ningún otro lugar que de la irreversible geología que las ata al continente y del combate por su pertenencia, que ocupó varios siglos, multitud de informes y escaramuzas, cambios de mano y escritos diplomáticos de las más diversas especies. Entre éstos se destaca el del doctor Johnson, uno de los mayores críticos shakespeareanos, que implícitamente valida en 1771 los derechos de España. Un océano de papeles y hasta de debates filológicos permite realizar una pregunta casi impertinente por su obviedad. ¿Por qué las Malvinas se tornaron tan esenciales, una pieza clave de la historia moderna, que es la historia de las guerras económicas expansionistas desde el siglo XVII, a pesar de tener ellas una posición marginal y aparecer tardíamente en los mapamundis? ¿Por qué su nombre permanece enigmático, y el que adoptamos como inescindible con nuestro idioma proviene, más allá de inagotables discusiones, de los navegantes bretones de Saint-Malo?
Hay un elemento utópico en todo proyecto de ocupación territorial, un sesgo inevitablemente literario que a los efectos de una historia severa de la poesía no dejan de componer una estética colonial. El expansionismo mercantil, el filibusterismo, los corsarios, las históricas usanzas de las empresas de piratería, que supieron encumbrar imperios, asimismo buscaron su validación por las grandes escrituras. Se acompañaron de distintas consideraciones utópicas, que siquiera precisaron llegar a las cumbres poéticas como las de Kipling –“Llevad la carga del Hombre Blanco”–, quien pensó el imperialismo como un sufrimiento y una necesidad. Hasta mediados del siglo XIX la fabulosa Isla de Pepys, que tuvo un supuesto avistamiento en el siglo anterior, figuró en muchos de los codiciosos cálculos científicos o políticos de las potencias de la época, y también en la publicística de Pedro de Angelis, el gran polígrafo napolitano al servicio de Rosas, que se interesó por ella. Pepys Island no existía, pero era indudable que hacía las veces de contrafigura espectral de las Malvinas, dado que su ubicación imaginaria tenía homólogas coordenadas oceánicas.
No es posible, por muchas razones, ignorar el papel que jugó Bouganville en el proyecto de poblamiento de las islas, que es el más importante antecedente del reconocimiento de la pertenencia de Malvinas a España –por consecuencia de las negociaciones posteriores para el abandono de esa colonización francesa en la segunda mitad del siglo XVIII–. Bouganville era también un gran naturalista; no solo queda en la historia como un antecedente de la atribución argentina en la posesión de Malvinas, sino como estudioso de una flor que lleva su nombre, la buganvilla –o Santa Rita–, que figura entre las preferidas por el trágico cónsul inglés Geoffrey Firmin (personaje ficcional de la gran novela Bajo el volcán, de Malcolm Lowry), que citamos no para dispersar el tema, sino para introducirle un elemento cultural que, sin dejar de ser un detalle, tiene su importancia antropológica.
Es que Gran Bretaña es una cuerda interna de las historias de nuestros países, desde las célebres y lamentables negociaciones del pacto Roca-Runciman, y si se quiere abundar en la genealogía de las grandes y complejas escenas imperiales, desde el empréstito de la Baring Brothers –que lo lleva a Rosas a dar un paso en falso cuando propone canjear la deuda por un gesto político argentino en torno de la cuestión Malvinas–. Aunque, como es sabido, su embajador en Londres, Manuel Moreno –el hermano de Mariano–, es autor de documentos importantes presentados ante Lord Palmerston, por más que Groussac prefiere señalar que eran un tanto ingenuos. Como sea, estamos hoy mucho más cerca de esos escritos de la diplomacia argentina del siglo XIX –en el momento en que se produce la ocupación británica– que del desempeño moral y militarmente desastroso de la Junta Militar que actuó en 1982. El detalle de la flor preferida por Firmin, el cónsul inglés debajo del volcán, significa que hay una “veta inglesa” a explorar.
No es ningún secreto: brota de todo aquello que compone el lenguaje y su historia real, que es la fibra interior, resistente, de la democracia efectiva argentina. Se trata de la existencia no solo de una opinión interna de un sector no desdeñable de la tradición inglesa anticolonialista. A veces se halla oculta bajo los pliegues de un interés por lo extraño, por lo “bárbaro” como equivalente de una seductora inversión del refinamiento –de ahí el coronel Lawrence “de Arabia”–, o por una civilización hindú que lejos de mostrar la dudosa eficacia del Commonwealth, dejaría ver su tozuda incomprensión cultural, tal como aparece en recordables novelas, como la muy célebre de E. M. Forster, Pasaje a la India.
Durante más de dos siglos, las cancillerías de España, Francia e Inglaterra se disputaron los mares, guerrearon entre sí, hicieron y deshicieron tratados, y se hicieron cargo también de otro convidado, el naciente poder norteamericano, que trazó también su plan de ocupación en Malvinas en 1831 –el incidente bien conocido de la fragata Lexington–, donde Estados Unidos esboza pretensiones sobre las Islas con argumentos que demuestran su falta de sustento cuando tiempos después los declina a favor de Inglaterra: era el colonialismo nuevo rindiendo homenaje al colonialismo viejo.
En eso se parecen al premier Cameron. Pero la conciencia colonialista ha dado ahora un paso tortuoso, sumida en la incapacidad de pensarse a sí misma. Este calificativo, que señala la vasta saga colonial, se les escapa de las manos. Culpabiliza, no se sabe ya a qué emplearlo, qué inédito espejo se forja para que la nación inglesa no pueda mirarse a sí misma. ¡Qué diferencia con la oscura, pero profunda conciencia que los estudios de Carl Schmitt le atribuyen a Inglaterra, a partir de una frase shakespeareana de Ricardo II: “Esta joya en un mar de plata engarzada”! Por cierto, estos estudios sobre el poder infinito del mar y el destino marítimo inglés que se desprende de muchas obras de Shakespeare –de ahí la importancia de que uno de sus mayores estudiosos, el ya mencionado doctor Johnson, a la vez lectura favorita de Borges, tomara una posición “argentinista” en el siglo XVIII– no pueden ser ahora interpretados a través de los fascinantes, pero tremendos –en verdad: riesgosos– estudios de Schmitt. Pero dan cuenta del paso que ha dado este viejo país en una parte de su clase política, desde la época de la tragedia isabelina hasta sus actuales dirigentes, desprovistos de una visión más profunda sobre el mundo que heredamos, en gran medida por la acción que durante siglos ellos mismos desplegaron.
Debemos tener en cuenta pues a la “otra” Inglaterra, la de Raymond Williams, de Eric Hobsbawn, de Daniel James, de John Lennon y de John Ward. Sí, este último es el personaje de la poesía de Borges sobre Malvinas, que traza un rumbo para el pensamiento crítico, y que hay que hacer el esfuerzo de entender. Lejos de ser Borges el “escritor inglés” que equivocadamente vio Ramos en Crisis y resurrección de la literatura argentina –en un lejano año 1952–, es portador de un criollismo universal que es necesario considerar e incorporar como pieza urgente de nuestra materia. Conocía como nadie, como argentino universal que era, la singularidad histórica inglesa. Su John Ward, lector del Quijote, y su Juan López, lector de Joseph Conrad, quedan ambos muertos en la nieve uniendo sus grandes mitos literarios, sin comprender por qué, como en una lejana escena bíblica. Son juguete de los “cartógrafos” al servicio de las fronteras creadas por los poderes bélicos y mercantiles. Ahora indican otro destino para la estrategia y significado de las Malvinas argentinas, cuyo remoto nombre holandés –acaso sus verdaderos descubridores– era islas Sebaldinas.
Recobrar las Islas presupone reinterpretar la historia moderna a la luz de una crítica al colonialismo, que debe ser nueva y original, y eso implica muchas connotaciones culturales que aun deben ser descubiertas. No es posible que este gran acto recuperatorio que cambiaría la historia misma de Latinoamérica se produzca meramente en el marco de la globalización, con acuerdos que apenas le provea la estructura abstracta de las grandes empresas tentaculares, con sus nuevas Ligas Hanseáticas. Un sentimiento público latinoamericano y emancipador, no los viejos y nuevos intereses generales referidos al petróleo y la pesca, debe ser en primer lugar el alimento de la juridicidad político-histórica que enmarque el caso. La Argentina que recibe a Malvinas debe ser a la vez una Argentina más lúcidamente internada en su proyecto de democracia colectiva, con inspirada justicia social, con originales visiones sobre su propia historia, con sus propias políticas extractivas y agropecuarias de cuño no contaminante, no depredatorias de nuestras propias montañas ni distante de la creación de una nueva lengua social para hablar profundamente con los antiguos habitantes de nuestro territorio, con una nueva empresa petrolífera estatal reconstruida, con instituciones públicas de financiamiento a través de nuevas doctrinas sobre incorporación de rentas petrolíferas y financieras, con originales construcciones políticas que revitalicen socialmente las instituciones de la representación cívica y con nuevas concepciones históricas y antropológicas no simplemente emanadas de un desarrollismo lineal.
Sabemos que la población hoy viviente en las Malvinas –descartando la Base de la Otan, que no es novedad respecto de lo que proyectaron los gabinetes europeos desde hace cuatro siglos– no puede ser un tercero necesario en la negociación que más temprano que tarde deberá establecerse por imperio de una opinión mundial cada vez más consciente del cambio que hay que operar en las condiciones universales de vida. “Donde hubo guerra hay ahora lenguajes nacionales nuevos, aptos para crear nuevas comunidades de vocación asociativa.” Ese puede ser el mensaje mundial de las Malvinas recobradas en términos de un autonomismo nuevo, también reinventado por las culturas nacionales. Pero debido a eso mismo, no nos puede ser indiferente ese asentamiento humano angloparlante de las Islas, que hoy es casi multisecular. Para interpretarlo adecuadamente Argentina debe extraer de su memoria nacional sus mejores linajes y su vocación de alteridad, con redescubiertos componentes universalistas, antropológicos y democráticos.
Recibir a los actuales habitantes de Malvinas será propio de un país que a su vez cambie al recibirlos, al meditar sobre los ámbitos receptivos de su propio idioma, sus renovaciones culturales y sus revisitadas tradiciones folklóricas. Cierto, son pocos aquellos distantes vecinos de gamulán con sus chalecitos prolijos; están enojados, tienen planes de vida de un hedonismo irreal en una factoría militarizada que emite certificados y licencias; son ínfimas piezas de poderes mundiales que los trascienden. La Argentina, con su no desmentido corazón de país de compromisos humanísticos –a pesar de los oscuros períodos vividos, que muestran las antípodas de este linaje que sin embargo hemos mantenido– los debe recibir cambiando al mismo tiempo ella, por el simple y extraordinario hecho de recibirlos. Trazar una línea de reflexión activa, de una diplomacia nacional que beba hasta el último sorbo de sus propias posibilidades expresivas –para lo cual, leer una gran novela limítrofe que piensa la guerra y el idioma al mismo tiempo, como Los Pichiciegos, de Rodolfo Enrique Fogwill, tanto como el debate sobre Malvinas que recoge León Rozitchner, es esencial–, significa que las Islas pueden ser recobradas recobrándose a la vez una nueva energía democrática nacional, siendo ambas cosas causa y complemento de la mutua posibilidad de la otra.
* Sociólogo, director de la Biblioteca Nacional.

El kirchnerismo y la cuestión socialista

 
 Por Diego Tatian *
El tiempo kirchnerista ha producido un conjunto de transformaciones sustantivas en la cultura política argentina, a partir de haber instalado la cuestión de la igualdad en el centro de la discusión pública y haber orientado a su concreción medidas de gobierno que –como siempre que se trata de producir igualdad– han intervenido en acendradas situaciones de privilegio incompatibles con ella. Esa disputa por la igualdad se ha llevado adelante no sólo sin mengua de las libertades civiles que alojan los cuerpos, el pensamiento y el lenguaje, sino aun creando condiciones materiales para su expansión. Y, sobre todo, se ha llevado adelante en el marco del más estricto respeto del sistema institucional y procedimental que llamamos democrático.
El interrogante –de respuesta para nada obvia– acerca de si una democracia puede ser algo más que un dispositivo legal que reproduce desigualdades, garantiza privilegios y preserva un régimen de ganancia es lo que hay en disputa en la actual experiencia histórica; esa disputa lo es por las posibilidades emancipatorias de la democracia y por el sentido mismo de la política.
Con la expresión “tiempo kirchnerista” no se quiere principalmente aludir a un gobierno, sino a una condición pública e intelectual que representa la sociedad como laboratorio de nuevas libertades y nuevas igualdades, y ejerce en ella subjetividades creativas, formas imprevistas de comunidad desorganizada que no convergen en ninguna parte, más bien vinculadas por una conectividad compleja.
Sin desmedro de una sociedad civil así constituida conforme una politización de alta intensidad, el Estado, lejos de aspirar a ser “mínimo”, asume plenamente la instancia de la decisión política, pero autolimitado de cualquier tendencia a bloquear la vitalidad irrepresentable (en el doble sentido de la palabra) de movimientos sociales autónomos. Pensar esta relación entre autonomía y Estado exige un salto de calidad en la reflexión, ante todo abjurar de unilateralidades que los vuelve términos incompatibles, para asumir la tensión existente entre ellos como oportunidad de constituir una potencia compleja, no complaciente, en conflicto productivo, a distancia de un inmediatismo antiinstitucional por una parte, y de una voluntad de cooptación y control por la otra.
“Kirchnerismo” es la palabra que nombra un conjunto de condiciones para llevar adelante una “guerra de posiciones” o (si queremos evitar esta noción gramsciana) una disputa por los significados sociales, un “litigio” (según un término que le gusta a Ricardo Forster) radical que involucra la cultura toda, cuyo efecto más relevante es una activación de formas de pensamiento popular, la generación de capacidades novedosas de transformación social y de concebir otras posibilidades de vida en común.
En ese contexto es que irrumpe la pregunta por el socialismo. “Kirchnerismo”, según lo pienso, no es principalmente el nombre de un gobierno, sino la palabra que señala una coyuntura en la que es posible, nuevamente, la pregunta por el socialismo –forma de vida colectiva que, también según lo pienso, es lo más alto a lo que una sociedad puede aspirar–. Hay en curso un momento gramsciano en Latinoamérica, por cuanto un conjunto de democracias de contenido popular implementadas conforme una gramática de los derechos, pueden ser experimentadas –sin que nada garantice su deriva– como oportunidades de transición al socialismo según una temporalidad compleja, por fuera de la alternativa Revolución/Reforma que vertebrara de manera dramática la historia del movimiento obrero en el mundo.
Una recuperación paulatina de los medios de producción por parte del Estado y organizaciones sociales de distinto tipo presupone –es la idea elemental de Gramsci– un consentimiento popular que es posible lograr en la querella democrática, en el fragor de las ideas y de las prácticas militantes, no por un automatismo histórico, sino a través de la política. La transformación económica es efecto –no causa– de una voluntad común y una lucidez colectiva que, de prosperar, preserva a esa trasformación sin necesidad de incurrir en el Terror.
Una sociedad socialista puede ser pensada como una sociedad capaz de practicar formas de vida (en plural) no capitalistas, de austeridad voluntaria, capaz de encontrar la libertad en la igualdad y la igualdad en la libertad. Sobre todo, socialismo no designa una “sociedad de consumo” (que presupone el saqueo de recursos) sino una “sociedad de la abundancia” (que los preserva) –es decir una sociedad en la que todos acceden a los bienes necesarios para su plenitud física y espiritual, a la vez que consideran superflua y predadora su acumulación autónoma–.
Así, socialismo es lo que puede ser pensado como un régimen del deseo posible merced a una universalización de la política, que aspira como resultado de ella a una organización alternativa del trabajo, a una nueva representación de la propiedad y a un vínculo distinto con los recursos naturales. Su sino sería tal vez la lentitud. Pero su origen no debería buscarse en el Parlamento, sino en formas de autoorganización social –que sin embargo no abjuran de las instituciones, consideradas más bien objetos de trabajo político–.
La conciencia cada vez más extendida de que la extracción de oro no es necesaria para vivir ni para vivir bien, y que en cambio presupone una depredación de lo que sí es vitalmente necesario, plantea un límite no sólo a un modelo de extracción minera que procura establecerse, por fortuna no sin importantes resistencias sociales, sino a la economía toda, y nos confronta con la oportunidad de pensar un salto que permita incluir cada vez más sectores populares, pero de otra manera. Si ello se produce, si la movilización y la discusión extendida son capaces de acuñar un modelo de inclusión sin daño, más que nunca hallaría su designación en la palabra “kirchnerismo”.
* Docente en la UNC e investigador del Conicet.

FST 2012 - Entrevista: Amilcar Salas Oroño

viernes, 27 de enero de 2012

Una obra de arte y una gran verdad

El "Taller de peronismo" de La Campora Sociales UBA año 2011

León Gieco - Yo Soy Juan

Un secreto a voces para la diplomacia norteamericana

UN EX FUNCIONARIO DE ESTADOS UNIDOS RATIFICO QUE HUBO UN PLAN SISTEMATICO DE APROPIACION DE NIÑOS DURANTE LA ULTIMA DICTADURA

Elliot Abrams ratificó la autenticidad de un documento desclasificado de su país que fue revelado por Página/12. El memo demuestra que la dictadura se negaba a entregar a los chicos apropiados a sus familiares.
 Por Victoria Ginzberg

 
“Pensábamos que no se refería sólo a uno o dos niños o uno o dos oficiales, era un plan”, dijo Elliot Abrams.
Imagen: Joaquín Salguero.
 
Elliot Abrams se presentó como consultor, casado, nacido en Estados Unidos el 24 de enero de 1948. Su voz y figura llegaban a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py a través de una pantalla. Declaró por videoconferencia desde Washington en el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura. En 1982 era subsecretario de Derechos Humanos de Estados Unidos y en ese rol mantuvo una conversación con el embajador argentino en ese país, Lucio García del Solar, en la que este último admitió que tanto el canciller Juan Ramón Aguirre Lanari como el dictador Reynaldo Benito Bignone estaban al tanto del robo de hijos de desaparecidos. El hecho fue documentado en un memo de carácter reservado revelado en 2002 por Página/12. Ayer, Abrams ratificó el contenido de ese papel y explicó: “Estábamos (el gobierno de los Estados Unidos) al tanto de que algunos niños habían sido sustraídos estando los padres en prisión o fallecidos y pensábamos que no se refería sólo a uno o dos niños o uno o dos oficiales que hubiesen sustraído a los niños, sabíamos que era un plan porque había mucha gente que encarcelaban o asesinaban y nos parecía que el gobierno militar había decidido que algunos niños se entregasen a otras familias”.

El memo

Abrams y García del Solar se reunieron el 3 de diciembre de 1982 a la una del mediodía en la confitería Jockey Club, en el hotel Ritz-Carleton de Washington. “Había dos temas principales, la certificación (una especie de certificado de buena conducta en derechos humanos) y la cuestión de los desaparecidos”, apuntó el funcionario estadounidense en un documento que fue parte de los 4677 cables secretos sobre el terrorismo de Estado en la Argentina que el Departamento de Estado desclasificó en agosto de 2002.
Abrams informó luego del encuentro a sus superiores: “Toqué con el embajador el tema de los niños, como los chicos nacidos en prisión o los chicos sacados a sus familias durante la guerra sucia. Mientras los desaparecidos estaban muertos, estos niños estaban vivos y esto era, en un sentido, el más grave problema humanitario. El embajador coincidió completamente y ya había hablado esto con su ministro de Relaciones Exteriores y su presidente. Ellos no rechazaron su visión pero señalaron el problema de, por ejemplo, sacar los chicos de sus padres adoptivos. Yo sugerí que ese problema debería ser manejado por la Iglesia o por una comisión que incluya la Iglesia, a doctores, etc. Las acciones respecto a estos chicos podrían tener un enorme contenido humanitario y político. Nuevamente el embajador dijo que estaba completamente de acuerdo y que tocaría este punto una vez más con su capital”.

La audiencia

El papel que prueba que de Bignone para abajo estaban enterados de las apropiaciones de niños, y que la dictadura se negaba a devolver a los hijos de desaparecidos a sus familias biológicas aun luego de la sugerencia de los Estados Unidos, fue publicado por este diario el 23 de agosto de 2002 y presentado como prueba en el juicio por los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Ayer Abrams ratificó la veracidad del memo y su contenido. Y, a partir de las preguntas de Alan Iud y María Inés Bedia, representantes de Abuelas, y la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, explicó el contexto en el que fue elaborado. La declaración contaba con traducción simultánea, pero el ex funcionario republicano, que estaba en el consulado argentino en Washington, no la esperaba, aunque sí respondía en inglés.
–Según su experiencia, ¿este diálogo con García del Solar, en qué nivel de diplomacia lo ubica? –quisieron saber los abogados de Abuelas.
–Se trata de una conversación importante, el hecho de que sólo estuviéramos nosotros dos fue significativo, para así poder hablar más honestamente que si hubiese más gente, el hecho de redactar este memo tan detallado indica que era de suma importancia.
–¿Conoció casos análogos a la Argentina sobre los niños en otros países?
–No. Había muchas juntas militares en los países de América latina y en Asia, no recuerdo ningún caso similar a éste de niños sustraídos, éste fue el peor caso.
–¿Al tomar conocimiento de que varios niños fueron sustraídos, tomó conocimiento o al menos elaboró alguna hipótesis sobre por qué esos niños eran sustraídos y no entregados a la familia? –le preguntó Roqueta.
–Sí, me acuerdo de dos factores importantes. Uno era que las familias de los desaparecidos eran vistas como no aptas para criarlos, que eran comunistas. El segundo factor es que en algunos casos las familias a los que los entregaban no podían tener hijos, entonces lo consideraban como una bendición para estas familias leales al régimen.
–¿Esta es su opinión o tuvo otros elementos para llegar a este análisis?
–No es un análisis propio, sino lo que circulaba en el gobierno de Estados Unidos, lo que no recuerdo es en qué se fundamentaba. Pero me acuerdo que era sí, no recuerdo la fuente.
–De acá surge que el embajador iba a transmitir esta preocupación al presidente de la Nación...
–En el memo dice que el embajador ya había hablado con el ministro de Relaciones Exteriores y con el presidente.
–Después de esta reunión, ¿por parte del gobierno argentino hubo alguna propuesta? ¿Acercó al gobierno de Estados Unidos alguna idea?
–Realmente no me acuerdo, a lo mejor existen otros documentos, pero participaríamos en esto hasta que hubiese un gobierno democrático, después de eso considerábamos que debía tratarlo el propio gobierno argentino.
Con la llegada de la democracia y el comienzo de los juicios a los represores, los militares, e incluso el gobierno de Raúl Alfonsín, sostuvieron que la apropiación de niños fue uno de los “excesos” de la represión ilegal, un delito cometido por unos pocos fuera de la estructura montada por los jefes castrense. Las Abuelas de Plaza de Mayo y abogados defensores de derechos humanos demostraron que el robo de bebés fue una práctica sistemática.
“Consideramos que el de Abrams fue un testimonio importantes porque acreditó la veracidad del memo y si bien eso no estaba puesto en duda, para el sistema judicial argentino puede resultar extraño un documento de esas características. Y es una prueba importante contra Bignone y (Rubén) Franco (ex jefe de la Armada integrante de la última junta militar). Además, aportó interpretaciones sobre el documento que si bien podían ser inferidas, es diferente si lo afirma una persona que fue funcionario de jerarquía”, dijo Iud a este diario. Las Abuelas señalaron en un comunicado que consideran que “tanto el memo al que logramos acceder como la declaración de Abrams constituyen pruebas importantes” y por lo tanto redoblaron su pedido “para que se desclasifiquen todos los documentos de Estados Unidos, en particular de la CIA y el FBI, que puedan aportar información clave para encontrar a los nietos y nietas y condenar a los genocidas”.



Los documentos que reflejan la conversación entre Abrams y Lucio García del Solar.

martes, 24 de enero de 2012

678 - 19-01-12 (2 de 4)

678 - 19-01-12 (3 de 4)

La inquisición en la Historia

 Por Hugo Chumbita *

Uno de los grandes diarios de la Argentina, antaño rector de la opinión pública, se ha empeñado en impugnar la creación del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y sus páginas rezuman día a día insólitas ocurrencias para descalificar la iniciativa. Aunque no soy precisamente un lector habitual de La Nación, siendo miembro del aludido Instituto no tengo más remedio que ver qué nos dicen. Tengo la impresión de que la antigua tribuna del mitrismo nos está haciendo un favor. Tal como en el caso de la llamada “crisis del campo” o en la cuestión de la ley de servicios audiovisuales, la alineación de los grupos de interés, los partidos y los opinólogos sirven de indicadores para clarificar el fondo de la cuestión. Los esfuerzos de este medio de prensa confirman que estamos en el buen camino.
Uno de sus articulistas, abogado, docente de la UBA, esgrime ahora nada menos que el Pacto de San José de Costa Rica y sugiere la amenaza de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar el horrendo atentado a la pluralidad del pensamiento que implica el decreto presidencial que creó el Instituto. No deja de ser interesante que desde la prensa argentina se abra el paraguas en prevención de que una nueva Inquisición vaya a someter al potro de torturas a Luis Alberto Romero o a Halperín Donghi para hacerles escribir “Viva la Mazorca” o algo por el estilo.
Esto significa que avanzamos en el terreno de los derechos humanos. A mí me tuvieron preso tres años, sin proceso legal, por órdenes de un coronel de triste memoria y del actual extraditado Baraldini, con la imputación, por ejemplo, de haber incluido en la bibliografía de mi materia de Historia un texto de Arturo Jauretche. Ahora sé que si hubiera alguna posibilidad de que se reeditaran esas prácticas tendría quien me defendiera en las columnas de La Nación.
Lo bueno de estos últimos años de gobierno democrático es que el discurso autoritario se torna inviable, y el recurso de los opositores es exigir más democracia. Ello ha llevado a que la derecha abra generosamente sus medios a las opiniones de izquierda, y en la lógica de la actual situación los avances realizados impulsan la demanda de más amplias conquistas. Así pasa con los derechos humanos, que hoy son reclamados hasta por los ex torturadores.
Pero espere un poco, le digo al abogado José Miguel Onaindia, que escribió aquella nota. Todavía no hemos supliciado a nadie, y los partidarios de la historia liberal, de la historia social y de la historia que-no-se-mete-en-honduras se han estado expresando profusamente y con toda libertad por los más diversos medios. Usted debería saber que para poder acudir a la Comisión Interamericana hace falta invocar una privación de derechos en concreto. Usted debería saber que la libertad de investigación que garantiza la Convención Americana requiere que exista un equilibrio en el sostén estatal de diversas instituciones dedicadas al estudio de la historia. Usted debería leer mejor el decreto que objeta y los instrumentos de creación de los demás institutos preexistentes en nuestro país. Si no fuera porque temo ofender su libertad de pensamiento, yo le recomendaría escribir menos y estudiar más.

* Historiador, miembro del Instituto Nacional Manuel Dorrego.

Momo Venegas estaba de Carnaval y lo madrugaron

EL MINISTERIO DE TRABAJO PUSO EN FUNCIONES AL DELEGADO NORMALIZADOR DEL RENATRE, A QUIEN DOS SEMANAS ANTES LE HABIAN IMPEDIDO ENTRAR

El funcionario llegó a las 6.15 de la mañana y evitó a los patovicas del sindicato. Lo avaló la Justicia.
 
 Por Sebastián Premici
Al Momo Venegas se le acabó el Carnaval. El Ministerio de Trabajo puso ayer en funcionamiento el nuevo registro público de los peones rurales, que tendrá por objetivo hacer cumplir los alcances del nuevo Estatuto del Peón Rural. El delegado normalizador de la cartera laboral, Oscar Marcelo Maffe, ingresó al edificio del ex Renatre, ubicado en el barrio de Retiro, declaró un asueto administrativo por cinco días y clausuró todos los despachos para preservar la información allí registrada. El funcionario fue hasta allí con el Síndico General de la Nación (Sigen), Daniel Reposo, quien tendrá a su cargo la elaboración de una auditoría contable y financiera del organismo que era manejado por Gerónimo Venegas, titular del gremio Uatre –vinculado con Eduardo Duhalde– y las entidades agropecuarias del sector: Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro. Hace dos semanas, el Momo había logrado frenar el ingreso del delegado normalizador, con la ayuda de un grupo de patovicas, y una serie de medidas cautelares a su favor. En esta oportunidad, no hubo patovicas, aunque el Ejecutivo concurrió con Gendarmería, por las dudas.
El horario elegido fue las 6.15 de la mañana, Maffe llegó a la sede del ex Renatre con los funcionarios de la Sigen, el escribano mayor del Gobierno y otros representantes de la cartera laboral. En el ex Renatre no estaban más que el sereno y dos empleados. Los aliados del Momo llegaron más tarde, para llevar adelante una pequeña protesta en la calle, pero Maffe ya estaba en funciones.
“El Renatea ya está en funcionamiento. Dimos un asueto administrativo de cinco días para trabajar sin interferencias. Pero les transmitimos a los empleados que se pueden quedar tranquilos porque nadie será despedido y se garantizan los sueldos. Ya empezamos las tareas para tener listo un inventario de la entidad”, afirmó a Página/12 Alvaro Ruiz, subsecretario de Relaciones Laborales. El Renatea es el organismo que asumirá las funciones del Renatre, pero bajo administración estatal.
Los funcionarios de la cartera que conduce Carlos Tomada, junto a los miembros de la Sigen, trabajarán durante los próximos 30 días en la elaboración de un informe con el estado de situación del organismo, que hasta la sanción del nuevo Estatuto del Peón Rural era manejado por Uatre y las entidades de la Mesa de Enlace. Por eso los funcionarios decidieron clausurar todas las oficinas para preservar información vital.
De los análisis previos realizados por la cartera laboral surgió que durante nueve años (2001-2010) el Renatre recaudó 496 millones de pesos, de los cuales utilizó un 20 por ciento en gastos de personal y sólo un 9 por ciento en la detección de abusos laborales. Desde el Ministerio de Trabajo sostienen que el ex Renatre “fracasó en sus intentos de potenciar el trabajo registrado” en el sector rural. Según los datos oficiales, de 1,3 millón de peones, casi el 70 por ciento está en la informalidad. Pero esto no es todo. Durante el último año, el ex Renatre pagó sueldos a sus ocho directores –cuatro de Uatre y cuatro de las entidades patronales– por casi 3,5 millones de pesos. El Momo Vengas obtuvo una retribución bruta, sumado a viáticos y aguinaldo de 444.000 pesos, que se sumaron a sus ingresos por ser secretario general de Uatre y tener un cargo directivo en la obra social del gremio. En total, el Momo sumó más de un millón de pesos. Este es uno de los datos que posiblemente queden registrados en el informe final que deberá entregar la Sigen.
La implementación del nuevo Estatuto del Peón Rural ya forma parte de una partida de ajedrez. La semana pasada, la Cámara de la Seguridad Social sostuvo en dos resoluciones, una del miércoles y otra del viernes, que las cautelares que habían frenado la intervención del Ministerio de Trabajo habían sido mal concedidas. Uno de los fallos que beneficiaron a Venegas fue firmado por el juez Fernando Ize, investigado por la Anses por supuestas estafas a dicho organismo. La cartera laboral mantuvo en secreto las resoluciones de la Cámara para que ayer pudiera concretarse el arribo del delegado normalizador, sin ninguna presencia de los seguidores del Momo, tal como había ocurrido dos semanas atrás.
Sin embargo, la Cámara de la Seguridad Social deberá decidir sobre la cuestión de las cautelares. “El tema de fondo está por resolverse. Como estamos en feria judicial, los plazos para analizar la cuestión son otros. Pero ahora la ley está ciento por ciento vigente”, afirmó a este diario Ruiz.
Es decir que por fuera del Registro –tema de único interés para el Momo, dado su generoso presupuesto–, las mejoras en las condiciones laborales de los peones rurales están vigentes. La cartera laboral se encuentra analizando algunos detalles de la reglamentación de la normativa. Por ejemplo, en el tema jubilatorio, que según la ley puede gestionarse a partir de los 57 años y con 25 años de aporte, se pretende clarificar el prorrateo de los años de servicio cuando un trabajador también realizó aportes en otras actividades. Otro de los ejes de la reglamentación apuntará a las obligaciones de los empleadores en el caso de los hijos menores de los trabajadores temporarios. También se reglamentará la articulación entre la nueva normativa y las negociaciones colectivas que se hacen en el seno de la Comisión Nacional de Trabajo Agropecuario.
Por otro lado, a partir de la vigencia plena de la ley, las empresas de contratación temporaria de personal no podrán actuar más en el sector agropecuario. Esto es relevante, teniendo en cuenta que la semana pasada la AFIP descubrió “trabajo esclavo” en campos de la empresa Monsanto.

viernes, 20 de enero de 2012

La palabra de la niña

 Por Adriana Puiggrós *
Once años. ¡Once años! ¿Recordarán las personas que intervinieron en la vida de esta niña sus sentimientos, sus pensamientos de cuando tenían once años? ¿Jugaban a las muñecas, a las bolitas, tomaban la Primera Comunión? Fueran de la religión o creencia que fueran, ¿no les enseñaban acaso que un niño/a no es lo mismo que un adulto/a? Muchos sintieron la palmada del adulto/a, o el “callate la boca”, en ocasiones injusto, sólo ejercicio de la fuerza sobre la/el niña/o indefensa/o. Seguramente vieron –aunque quizás no quisieron saber– que en su entorno había adultos/as que acosaban niñas/os, tal vez los acosaron a ellos también, tal vez los azotaban siguiendo la colonial costumbre. Pero avanzó el siglo XX y fue llamado el “siglo de los niños” porque la humanidad reconoció que los niños (y también las niñas) tienen cuerpo, pensamiento, palabra, incluso derecho a la palabra y lo plasmó en la legislación internacional.
No obstante, cierta infancia sigue siendo la condición más sometida, desconocida como sujeto, manipulada, acallada. Especialmente si se trata de mujeres. En esa situación se encuentra la pequeña de once años que dijo “quiero ser como era antes”. En esas palabras expresó que su cuerpo y sus sentimientos son de niña y pidió que se cumpliera con su derecho a un aborto que no es punible. Supo decir su voluntad contra quienes, además del violador (de quien debe ocuparse la Justicia), se apropiaron de su cuerpo, de su niñez, de su vida futura.
Esta no es solamente la discusión sobre la despenalización del aborto (práctica que numerosos sectores religiosos, sociales y políticos consideramos necesario legalizar). Se trata (además) de los más elementales derechos de la infancia, de las mujeres e incluso de la familia, el derecho a no ser acosados por fuera de la letra de la ley, ni sometidos a la imposición de valores por parte de quienes tienen más poder social, cultural o institucional. Porque, es dable preguntarse ¿se buscará que progrese el embarazo de una niña de once años para luego hacer desaparecer la identidad de otro niño, sugiriendo ahora que entregue al bebé en adopción para luego cambiarle el nombre y el apellido? Preocupa, porque ese sería el próximo paso lógico a darse por parte de quienes detentan todavía la conservadora concepción del antiguo Patronato de Menores, esa institución de la beneficencia que fue afortunadamente suprimida por la Ley 26.061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
* Presidenta del Partido Frente Grande (FG) en el Frente para la Victoria (FpV).

sábado, 7 de enero de 2012

En la trinchera contra una ley del Congreso

 P/12.
GERONIMO VENEGAS IMPIDIO EL INGRESO DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO AL RENATRE
El titular del gremio de peones rurales bloqueó con su gente la entrada al Renatre de los funcionarios que iban a iniciar la transición hacia el nuevo régimen de protección de los trabajadores del campo. El Gobierno lo denunciará ante la Justicia.
 Por Sebastián Premici
Gerónimo “Momo” Venegas se adelantó al Carnaval. El titular del gremio de los peones rurales (Uatre) volvió a jugar sus cartas para evitar la puesta en vigencia de la ley que estableció un nuevo régimen laboral para los trabajadores del campo. El dirigente, que responde a Eduardo Duhalde, impidió ayer el ingreso de un funcionario del Ministerio de Trabajo en el Renatre, el organismo que fue disuelto por el Congreso y reemplazado por otra entidad que estará bajo la órbita oficial. Venegas se opone a perder el manejo del registro de los peones rurales y de los recursos que ello implica. El Renatre recauda alrededor de 340 millones de pesos al año. “Es un atropello a la democracia”, atinó a decir Venegas. La Uatre presentó un amparo contra la ley, que fue sancionada el pasado 21 de diciembre por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso y alcanzó su promulgación en el Boletín Oficial seis días después. Por su parte, el Ministerio de Trabajo también recurrirá a la Justicia para lograr la puesta en funcionamiento del nuevo Renatea e intimó a Venegas y a la Mesa de Enlace (ver aparte).
Por medio del decreto 6/2012, que lleva la firma del vicepresidente Amado Boudou, en ejercicio de la Presidencia, el Gobierno designó a Oscar Marcelo Maffe para hacerse cargo del Renatea, en reemplazo del organismo que era manejado por el Momo Venegas y las cuatro entidades de la Mesa de Enlace (Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro). El funcionario se dirigió a las nueve de la mañana de ayer a la sede del organismo, ubicado en Retiro, pero un grupo de gremialistas le impidieron el paso. Maffe estuvo acompañado por el escribano mayor del Gobierno, Natalio Echegaray; el director nacional de Inspección Federal, Guido González Bellini, y por el presidente alterno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), Alejandro Senyk.
“No vamos a entregar los fondos de los trabajadores al gobierno nacional, que sabemos lo que hacen. No podemos crear antecedentes, ya que podrían hacer lo mismo con las obras sociales”, arremetió el Momo. La última aparición pública del dirigente duhaldista había sido el día en que el Senado aprobó la norma, con una manifestación frente al Congreso. “Viva Perón y abajo los traidores, que son unos terribles hijos de puta”, había lanzado el Momo delante de no más de 150 personas. La Uatre presentó un amparo contra la nueva ley.
Además de modificar el esquema del Renatre por un nuevo organismo estatal, la norma restituye una serie de derechos para los peones rurales, implementados durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, que habían sido eliminados durante la última dictadura militar.
El nuevo régimen establece las ocho horas de trabajo, se termina con el concepto de jornada laboral de sol a sol y se fija la edad jubilatoria en 57 años, con 25 años de aportes. A su vez, se les reconoce a los peones derechos tales como remuneraciones mínimas fijadas en paritarias, que no podrán ser menores al salario mínimo vital y móvil. Se estipula, también, el reconocimiento de horas extras, el descanso semanal, las condiciones adecuadas de higiene, seguridad y vivienda acorde, en el caso que corresponda.
“Qué curioso que un dirigente sindical adopte posturas idénticas a las de quienes históricamente explotaron a los trabajadores del campo. Que no engañe con el origen de los fondos. No son aportes de los trabajadores, sino fondos que pagan los empresarios. Debe ser el único dirigente sindical que está a favor de la privatización de la seguridad social y en contra de la administración estatal”, sostuvo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a través de su cuenta de Twitter.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez (ex ministro de Agricultura), también cuestionó a Venegas. “Resistirse al cumplimiento de la ley representa una conducta que no es compatible con el Estado de derecho”, afirmó el diputado. Como consecuencia de las trabas que puso Uatre al ingreso del funcionario de la cartera laboral, el Gobierno recurrirá a la Justicia para que pueda ponerse en funcionamiento el nuevo registro de los peones rurales, bajo la órbita del Estado.

jueves, 5 de enero de 2012

Noticias de hoy

Jueves 5 de Enero de 2012

Peralta retrocedió ante los pedidos de La Cámpora

Tras la represión en la legislatura
Publicado el 5 de Enero de 2012 . Tiempo Argentino
El gobernador fijó por decreto una reducción de gastos, pero frenó la reforma jubilatoria.
  El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, avanzó anoche por decreto con el ajuste que fracasó en el tratamiento de extraordinarias en la Legislatura provincial, pero congeló la reforma jubilatoria que había sido ampliamente rechazada por los legisladores enrolados en La Cámpora.
“Visto que no pudimos tratar el proyecto de ley que fue enviado a la Legislatura el día 29 (de diciembre del año pasado) por los hechos que son de público conocimiento, lo que hicimos fue extractar aquellos aspectos que consideramos importantes, porque es esencial e imprescindible el reordenamiento de cuentas del estado provincial”, sostuvo el mandatario provincial tras rubricar el Decreto 005 de recorte del gasto público.
El contenido del decreto reedita parte de las leyes de ajuste que Peralta envió a la Legislatura el 29 de diciembre y generó un amplio rechazo de los gremios estatales, que terminó con una represión policial con más de una veintena de heridos y el anuncio del alejamiento del gobierno de los diputados de La Cámpora y la renuncia de varios funcionarios.
Además del recorte en el gasto, Peralta incluyó incrementos impositivos para distintas actividades como la banca y los casinos y reclamó a los legisladores que el decreto sea ratificado en la primera jornada de las sesiones ordinarias que comienzan en marzo.
De todos modos, el mandatario advirtió que el sistema previsional “como está no se puede sostener mucho tiempo”. Por eso, consideró que “los legisladores van a tener que trabajar y mucho” y se mostró receptivo a nuevas propuestas para modificar el sistema.
Los legisladores enrolados en La Cámpora rechazaron la reforma del sistema previsional que incluía el incremento de la edad jubilatoria, la eliminación del 82% móvil y el congelamiento de la discusión paritaria.
“La idea es que aquellos que tengan opiniones o formas distintas de ver de qué manera buscamos capitalizar a nuestra caja que nos lo hagan saber”, insistió Peralta en un llamado al diálogo tras los planteos de La Cámpora.
En declaraciones a la prensa luego de la firma del decreto, el gobernador negó que haya pensado renunciar en la caliente jornada del jueves de la semana pasada.
“Nunca, jamás (pensé en renunciar). La gente de Santa Cruz nos quiere ver parados frente a las dificultades asumiendo los errores, y por sobre todas las cosas, garantizando que ponemos la cara. No forma parte de mí el renunciamiento”, concluyó.

Un barco británico ancló en Montevideo

Publicado el 4 de Enero de 2012. Tiempo Argentino
Las autoridades argumentan que cumple con los requisitos fijados por la administración de Mujica, y afirman que es de bandera noruega. Sin embargo, está tripulado por militares británicos y exhibe el pabellón de ese país.
  Un buque de la Real Armada Británica entró en el puerto de Montevideo el 30 de diciembre pasado y partirá hoy mismo hacia las Islas Malvinas. La noticia generó polémica en la prensa uruguaya. Y asombro en Buenos Aires. Porque en septiembre de 2010 Uruguay rechazó la entrada del buque militar británico HMS Gloucester en su ruta a Malvinas, lo que le valió un reconocimiento público por parte de la presidenta Cristina Fernández. En este caso, el barco HMS Protector es de tipo científico. Pero según aclara la página oficial de la Royal Navy se trata de un rompehielos que trabajó como soporte de una plataforma petrolera.
La información fue difundida en primera instancia por el diario uruguayo El Observador. “Según explicaron las autoridades del puerto al diario El Observador, el HMS Protector está registrado como un barco científico de bandera noruega, pese a que porta una gran bandera británica en su popa y está tripulado por marinos ingleses. Aun así, las autoridades insistieron al diario en que el barco cumple con todos los requisitos para entrar en Montevideo”, dice el artículo. Y agrega: “Fuentes consultadas por El Observador señalaron que el Protector fue responsable de haber localizado petróleo en aguas del Mar del Norte hace no muchos meses y que su presencia en el Atlántico Sur se debe al hallazgo de yacimientos de hidrocarburos en el entorno de las Malvinas”.
El barco tiene bandera británica. El argumento de las autoridades portuarias acerca de su origen noruego tiene, tal vez, una razón: el buque fue alquilado por la armada británica en 2011 a una compañía noruega. Y, poco tiempo atrás, tras una serie de reparaciones y refacciones fue botado por la armada británica.
El HMS Protector llegó a Montevideo el 30 de diciembre, proveniente de Río de Janeiro y tiene previsto llegar a las Islas Malvinas el 7 de enero. Es un barco rompehielos destinado a labores científicas y de exploración en el Atlántico Sur.
La escala del barco británico se produce apenas dos semanas después de la polémica suscitada entre Uruguay y el Reino Unido por la decisión del presidente José “Pepe” Mujica de prohibir la entrada a puertos uruguayos de barcos con bandera de las Malvinas, en respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las islas.
La decisión fue avalada en bloque por los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), lo que suscitó las protestas de las autoridades británicas, que rechazaron lo que calificaron como una presión contra los ciudadanos de las islas y recordaron que no iban a renunciar a su soberanía sobre el archipiélago.
Más allá de la declaración reciente del bloque del Cono Sur, ya en 2006, cuando Gran Bretaña aceleró la búsqueda de petróleo alrededor de las islas (en las aguas en disputa), la Argentina le había pedido a los países vecinos que no faciliten el uso de sus puertos a buques militares británicos.
En 2010, Montevideo le negó el ingreso a una fragata del Reino Unido que iba camino a las islas. Y en 2007, el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez había impedido al destructor HMS Nottingham, que patrullaba en las Malvinas, hacer escala en el puerto de Montevideo.
Para las autoridades uruguayas las diferencias con este caso es que esos barcos no eran científicos, sino de guerra.
Con su característica frontalidad, José Mujica declaró días pasados, al ser consultado por el cortocircuito diplomático con el Reino Unido: “Es una potencia vieja, tiene más cancha, por favor. Se mata de risa, además no le cerramos nada. Le dijimos: ‘Poné la bandera tuya, vas y venís con tu bandera’.”<

Salud pública

Por Luis Bruschtein

La salud presidencial es un problema de Estado, deja de ser individual y pasa a ser pública. La Presidenta no tiene la posibilidad de un particular sin responsabilidades públicas de encriptar su padecimiento, de centrarse en el núcleo más íntimo de sus seres queridos. El presidente/a tiene que abrir a lo público lo que pasa por su cuerpo, como una enfermedad, en este caso el carcinoma de tiroides. Y al mismo tiempo, lo que pasa por el cuerpo de una persona se convierte automáticamente en materia de la política.
En su primera aparición pública tras la difusión de su dolencia, en un acto con varios gobernadores, aprovechó para subrayar otras cuestiones. Las dos primeras apuntaron a desdramatizar y tranquilizar, mostrándose ella tranquila. Y la otra fue para mostrar que estaba garantizada la continuidad y alejar cualquier incertidumbre. Para los dos mensajes eligió el humor. “Ya le dije al presidente Chávez –dijo– que le voy a disputar la presidencia de ese congreso suyo de los presidentes latinoamericanos que vencimos al cáncer.” Lo decía por los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo; de Venezuela, Hugo Chávez; de Brasil, Dilma Rousseff, y el ex presidente Lula da Silva. Todos ellos sufrieron esa enfermedad o aún están convalecientes. Se mostró así confiada en el desenlace positivo de su enfermedad, cuyo pronóstico es efectivamente bueno.
En relación con la continuidad, habló de los vicepresidentes: “Guarda con lo que hacés”, le dijo en broma a Amado Boudou y recordó el peligro institucional que significaba un vicepresidente como Julio Cobos, enrolado en la oposición.
Chávez, que fue el primero de los mandatarios latinoamericanos en llamarla, se permitió hacer algunas conjeturas sobre la enfermedad que padecen cinco de los presidentes de la región que rechazaron los TLC y pugnan por la integración regional. “Me parece una coincidencia demasiado rara –reflexionó–. No quiero acusar a nadie, pero con los avances de la ciencia en los países desarrollados quizá se encontró la forma de provocar el cáncer.” Esta reflexión tan conspirativa se prestó a muchas bromas, pero coincidió con las disculpas de Washington a Guatemala cuando después de 64 años se hicieron públicos documentos clasificados donde se detallaba que científicos norteamericanos habían inoculado a cientos de guatemaltecos pobres, sin su consentimiento, sífilis y otras enfermedades venéreas para sus investigaciones. Cualquier reflexión que pueda hacer Chávez se queda corta comparada con la realidad.
Apenas se informó de la enfermedad de la Presidenta, varios de los analistas de la oposición opinaron, sin ocultar su disgusto, que la fortaleza de Cristina Kirchner reside en su debilidad. Lo decían por su viudez reciente y por el carcinoma en la tiroides. No es que los apene, sino que piensan que la fortaleza política de la Presidenta proviene de una actitud de victimización. Lo paradójico es que quienes piensan así, son los primeros en victimizarse al ponerse en el lugar de los perseguidos. Además de la enfermedad presidencial, se atraviesa un momento importante en relación con la aplicación de leyes que apuntan a romper cuellos de botella que sofocan la estructura del sistema de medios en Argentina, uno de los más concentrados y monopolizados y por lo tanto de los menos democráticos. En este marco se declaran perseguidos por sus opiniones.
En un momento de la historia de la humanidad en que los medios prácticamente han reemplazado a los sistemas educativos como principales productores de contenidos, significados y valores, esa poderosa usina cultural está concentrada en las manos de muy pocos empresarios privados. Además, esos pocos se expresan ideológicamente en forma corporativa, impidiendo que otras voces puedan multiplicarse y diversificarse. No hace falta explicar mucho esta situación porque resulta evidente, la conocen los periodistas, los políticos y la población en general.
Por eso ha sido decepcionante la actitud de la oposición, que decidió sumarse a la preservación de este sistema regresivo con un discurso equívoco sobre la libertad de prensa. De esta manera, se negaron a votar la ley que proclamó de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. No es delito votar en contra, pero al menos también tendrían que haber llamado la atención o destacado el peligro de la forma tan concentrada que tiene la actividad mediática.
Desde el macrismo y los radicales, hasta los socialistas y los peronistas disidentes votaron en contra y se llamaron a silencio, ninguno se atrevió a denunciar esa estructura monopólica. A diferencia del debate que provocó en las filas del kirchnerismo y sus aliados la llamada ley antiterrorista, la defensa del monopolio mediático emblocó a la oposición.
Los argumentos principales fueron que la ley se enmarcaba en una guerra del Gobierno con los grandes medios, con lo que supuestamente se desdibujaba el objetivo de mejorar el sistema. Resulta obvio que para mejorar el sistema de medios hay que tocar intereses monopólicos importantes y por lo tanto habrá una disputa muy fuerte. Si ese conflicto es lo que llaman una guerra, descubrieron la pólvora: cada vez que se quiera cambiar una situación injusta habrá un conflicto.
Supuestamente para reforzar este argumento se recordó que el kirchnerismo fue el que permitió la fusión de las principales empresas de cable controladas ahora por Clarín. Pero lo lógico es que quien criticó aquella decisión que favoreció el proceso de concentración ahora apoye las medidas que tienden a desmonopolizar. Y no al revés. No se trata de apoyar todo o criticar todo. Lo que vale es cada medida que se puede criticar o apoyar. Y es bueno también que en el Gobierno, o entre las fuerzas que lo sustentan, haya una puja y no sea monolítico. En este caso, hubo una puja entre la tendencia que pugnaba por hacer acuerdos con los grandes medios frente a las tendencias que planteaban una política de democratización del sistema de medios en el país. Primó la estrategia más conciliadora en el primer gobierno kirchnerista. Cuando cambiaron las condiciones, pesó la otra, la más difícil, la que pocos políticos, periodistas y gobernantes se han animado a plantear.
El otro argumento fue poner el grito en el cielo contra el supuesto reemplazo de Papel Prensa por un monopolio estatal. Dieron larguísimas explicaciones sobre los peligros de que la producción del papel fuera monopolizada por el Estado. Los peligros son ciertos, en el caso de que se creara ese monopolio estatal, pero en ninguna parte de la ley se estatiza Papel Prensa o cambian sus dueños. Lo único que establece esa ley es que se tomen los recaudos para garantizar que todos los diarios, incluyendo a Clarín y La Nación, paguen el papel al mismo precio y que todos reciban la cuota de papel que requieran. La forma monopólica de la producción del papel hacía que estas premisas mínimas no se cumplieran y que este incumplimiento se tomara como algo natural. La autoridad de aplicación, encargada de hacer cumplir estas premisas, será el Ministerio de Economía, pero también habrá una comisión bicameral de seguimiento integrada por legisladores de todos los bloques oficialistas y opositores. Y además se creará una Comisión Federal Asesora, integrada por representantes de los diarios del interior, los consumidores y los trabajadores.
Se lo mire por donde se lo mire, en el marco de una guerra o no, la ley genera condiciones más democráticas para la libertad de expresión que la situación concentrada y corporativa que la oposición no quiso denunciar ni transformar. Fue una manera de aliarse con estos grandes medios a partir del remanido axioma de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A algunos del centroizquierda antikirchnerista, oponerse al Gobierno y a los monopolios al mismo tiempo los llevaba a un lugar muy difícil y optaron entonces por ese voto conciliador con un sistema monopolizado. Divididas así las aguas no deja de ser inquietante que un eventual triunfo de la oposición deshaga el camino que se ha iniciado para democratizar una actividad esencial, sobre todo porque será muy difícil que se repitan las condiciones para hacerlo.

La paradoja de nuestro tiempo

Por Héctor Timerman *

Hoy, 3 de enero, se cumple el 179º aniversario de la ocupación por la armada de guerra británica, y mediante el uso de la fuerza, de nuestras Islas Malvinas. Desde entonces, y mientras estén en manos de la potencia extranjera, la cuestión Malvinas es la cuestión del colonialismo.
Desde los primeros gobiernos patrios, nuestro país continuó el ejercicio de soberanía española con ocupación efectiva del territorio y numerosos actos jurídicos y políticos aceptados pacíficamente por Gran Bretaña, incluso cuando reconoció la independencia de la República Argentina en 1825.
El despojo por la fuerza y el traslado compulsivo de las autoridades y población argentina de las islas al continente se hizo sin mediar anuncio ni aviso previo por parte del gobierno británico, un gobierno amigo con el que manteníamos relaciones normales y pacíficas y cuya capital se encuentra a 14 mil kilómetros de las Malvinas.
Numerosos documentos demuestran que la Argentina rechazó inmediatamente el acto de fuerza y desde entonces no hemos dejado de reclamar la restitución de esa parte del territorio nacional a Gran Bretaña y en todos los ámbitos bilaterales y multilaterales en los que participa nuestro país.
La Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945 e inspirada en el deseo de toda la humanidad de que los horrores del nazismo y el fascismo no se repitan nunca más, tenía y tiene como uno de sus principales objetivos terminar con el lastre del colonialismo. Hemos recorrido un largo camino y hoy sólo quedan 16 territorios no autónomos, entre ellos las Islas Malvinas, que son el centro de los esfuerzos del Comité Especial de Descolonización.
La cuestión Malvinas no es un caso aislado, ya que 10 de esos 16 territorios están bajo el dominio colonial de Gran Bretaña. La cuestión Malvinas es un caso especial de usurpación de la soberanía que mutiló la integridad territorial de la Argentina. Actitudes unilaterales como la de Gran Bretaña deslegitimizan el importante rol de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad y reducen su capacidad de evitar conflictos entre los Estados que buscan en las Naciones Unidas la supremacía del derecho internacional.
Como ha ocurrido con otras potencias coloniales, Gran Bretaña –con su silencio y su poderío militar– continúa despreciando las resoluciones 1514 de 1960, 2065 de 1965 y nueve más que le siguieron de la ONU, que instan a la Argentina y a Gran Bretaña a negociar la disputa de soberanía. Incluso, luego del conflicto de 1982, las Naciones Unidas reclamaron a ambos países que reanuden negociaciones por la soberanía del territorio en disputa tal como venía haciéndolo desde 1965.
¿Cómo puede Gran Bretaña explicar su renuencia al elemental gesto de sentarse a negociar para resolver una situación colonial reconocida por todos?
La ocupación ilegítima de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes no se limita a la mera posesión territorial, y se traduce en numerosos actos y actividades ilegales que van desde la explotación y exploración de recursos naturales renovables y no renovables hasta ejercicios militares que incluyen disparos de misiles desde las Malvinas.
¿Cómo puede explicar Gran Bretaña actividades militares en una zona evidentemente pacífica y sin riesgo alguno de conflicto armado? ¿Cuáles serían las razones que invocaría Gran Bretaña, miembro permanente del Consejo de Seguridad, en una sesión de ese órgano encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales?
La Argentina de la democracia ha elegido el camino del diálogo, la negociación y el respeto por el derecho internacional, y así cumplir con el mandato constitucional y poner fin al colonialismo en el Atlántico sur. Y, por supuesto, seguiremos apoyando el mandato de las Naciones Unidas y desterrar el colonialismo y las violaciones a las soberanías en cada instancia donde ocurra.
No estamos solos en esta lucha, ya que nuestra permanente prédica nos ha valido el apoyo del mundo civilizado. Además de los reiterados pronunciamientos de la ONU, hoy contamos con el firme respaldo en cumbres regionales y birregionales, que se multiplicó en los últimos años en foros tales como la Cumbre de América del Sur y Países Arabes (ASPA) del 31 de marzo de 2009; la Cumbre de América del Sur y Africa del 27 de septiembre de 2009; la Cumbre de Unasur del 29 de octubre de 2011; la Cumbre Iberoamericana del 29 de octubre de 2011; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), del 5 de diciembre de 2011, y el Grupo de los 77 más China.
Una mención especial merece el decisivo apoyo de los gobiernos y los pueblos hermanos del Mercosur y Estados asociados que el pasado 20 de diciembre decidieron prohibir el uso de sus puertos a barcos que ostenten la ilegal bandera que Gran Bretaña ha inventado para su colonia.
Las actividades unilaterales británicas comprenden la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, es decir la apropiación de la riqueza que pertenece al pueblo argentino y cuya utilización es decisión soberana de nuestro país.
Las repúblicas de América latina y el Caribe que se han solidarizado con nuestra posición anticolonial también lo hacen en defensa de sus propios recursos. Todos tenemos la obligación de evitar que la cuestión Malvinas sea la punta de lanza de un avasallamiento de los recursos naturales por parte de las potencias militares.
Hace unos meses, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, me preguntó qué necesitaba la Argentina para reanudar las negociaciones con Gran Bretaña. Le respondí que sólo necesitábamos once horas. El tiempo de vuelo entre Buenos Aires y la sede de la ONU. Le hizo la misma pregunta a Gran Bretaña. Nunca recibió una respuesta.
* Ministro de Relaciones Exteriores.