¡Que los privaticen!

 

 Por Guillermo Levy *

Este era el grito que se escuchaba habitualmente a fines de los ochenta cada vez que un tren no funcionaba, llegaba tarde o había un paro. También se podía escuchar cuando no funcionaba un teléfono público, sobre todo en los últimos días de Alfonsín y los primeros de Menem.

El clima de guerra contra la intervención estatal en la economía y contra el Estado mismo –acusado de todos los males del país en esos años– fue incluso agravado intencionalmente en el caso de los trenes y los teléfonos, con intervenciones puestas por el gobierno de Menem que ayudaron a profundizar el clima anti estatal, deteriorando adrede el servicio. Deterioro útil a la hora de garantizar el mayor negocio posible a los privados que se iban a quedar, más de veinte años atrás, con nuestros teléfonos y nuestros trenes.
Estos gritos se acallaron con las privatizaciones. Los medios no preguntaron más y los ciudadanos de a pie, en gran parte, le dieron crédito a un modelo que, en el caso de los ferrocarriles, fue sin duda uno de los más siniestros de los realizados en los noventa.
“Ramal que para, ramal que cierra.” Una célebre frase dicha por el presidente de la Nación de ese entonces que debería llevarnos a reflexionar con qué seriedad se tomaba la discusión de una política ferroviaria para el país aquel gobierno. Se cerraron decenas de ramales, muchos pueblos fueron muriendo al perder, entre otras cosas, el único medio eficaz y económico para movilizarse y comerciar.
El esquema que construyó el menemismo para el transporte ferroviario implicó una articulación de un Estado “bobo”, activo para vaciar la empresa, hacerse cargo de despidos, de deudas y cerrar ramales, pero no de cuidar el patrimonio nacional y de garantizar inversiones y servicio, con empresarios mafiosos. Este mismo Estado “bobo”, demonizado por medios, por empresarios y por una parte importante de la población, entregará el manejo de empresas limpias de deuda y sin competencia a empresarios parasitarios que durante años vivieron del subsidio estatal y en el más de los casos casi no realizaron inversiones, dedicándose a ganar en un negocio seguro y subsidiado. Este esquema se completa con un sindicalismo mayoritariamente cómplice y socio y una dirigencia política igual de cómplice y socia.
El kirchnerismo ha avanzado en cosas sustanciales que hacen a la vida política y social de los argentinos, de eso no puede haber dudas. No es necesario enumerar acá cuestiones que van mucho más lejos que la política de derechos humanos y la AUH y que han sido reconocidas por las mayorías populares. Sin embargo, así como otras áreas, este nudo siniestro de negocios a costa de las mayorías y en contra de éstas –posibilitado por la cirugía social de la dictadura, el planchazo de la hiperinflación y la gestión rápida, amoral y efectiva del menemismo– no fue tocado aún.
Desgraciadamente, las tragedias muchas veces son un punto de inflexión en nuestra cultura política. Este es el momento, y no otro, de atacar de raíz este esquema que va más allá de las responsabilidades puntuales en un freno de una formación del tren Sarmiento.
No es momento de politiquería efectista buscando dónde está la responsabilidad gubernamental. Este inmenso dolor de tanta gente exige que sea ahora el tiempo de que el Estado Nacional, como ya lo hizo en otras áreas, intervenga seriamente y no para apaciguar la coyuntura. Hay que transitar por un nuevo modelo de gestión de los ferrocarriles. El Estado, la sociedad civil, los trabajadores tienen que tener el protagonismo central. Hay que replantear seriamente la política ferroviaria del país terminando con este entramado de negocios, cuyos gerentes se convirtieron a partir del miércoles –más allá de fallos judiciales futuros– en asesinos por dolo eventual.
* Docente de la carrera de Sociología (UBA), investigador de la Untref.

Laura Alonso: “La universidad tiene que entrar en la discusion sobre lo publico”

Laura Alonso (34) es la flamante Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, un lugar central para pensar el rol de las universidades nacionales de cara a los próximos años. Laura integra la agrupación La Cámpora y tiene un largo recorrido en la militancia universitaria y social. Con ella conversamos sobre el desafío que acaba de asumir, sobre la relación entre el peronismo y la universidad, la cuestión de la autonomía y la buena nueva de que muchos jóvenes de familias trabajadoras están ingresando por primera vez a un lugar que antes estaba reservado a las clases medias y altas.

Por Julia Mengolini

-¿Qué es la Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias?

-Se creó a partir del segundo mandato de Cristina y tiene como objetivo empezar a coordinar y a aplicar la famosa sintonía fina de este segundo mandato en el ámbito universitario.

-¿Qué planes hay para aplicar la sintonía fina?

-En principio todas las funciones que tenía la Secretaria de Políticas Universitarias se mantienen. En este sentido, es importante que hagamos historia: en estos últimos años, este gobierno invirtió en las universidades como ningún otro, llegamos casi al 1 por ciento del PBI de inversión en políticas universitarias, crecimos en términos de infraestructura como nunca antes. Se crearon alrededor de 10 nuevas universidades de las cuales muchas están en el Conurbano, lo que genera también una democratización del acceso impresionante. Casi el 80 por ciento de los pibes que asisten a esas universidades son primera generación de familias que acceden a la universidad y eso está acompañado por una política muy fuerte y activa de becas. Además, está la intencionalidad de orientar esas carreras fomentando el estudio de las ciencias naturales y exactas en el marco de lo que es el proceso productivo nacional. Me parece que uno de los desafíos que tenemos es empezar a discutir y a plantear cuál es el rol de la universidad pública argentina en un país que tiene 48 universidades sostenidas por el Estado Nacional. Estamos lejos todavía del acceso universal como nos gustaría, hay muchos que todavía no llegan y uno de los desafíos nuestros es poder trabajar con los pibes que están cobrando la AUH, con muchos sectores que sostienen a la Universidad Pública pero que todavía no acceden a ella.

-¿Qué se puede hacer desde la gestión del Ministerio siendo la Universidad autónoma? ¿Cómo es esa relación?

-El tema de la autonomía siempre está muy presente y sigue sosteniéndose como bandera de la universidad, desde sus orígenes en la reforma del 18.  Y fue planteada en ese contexto. Nosotros ahora estamos planteando la necesidad de  pensar el concepto de autonomía en términos de la responsabilidad social que tiene la universidad. Cuando decimos “somos autónomos”, tenemos que pensar de qué somos autónomos. No podemos escindir lo que se produce en la universidad del conjunto de la sociedad. En ese sentido vale rediscutir el concepto de autonomía. Desde acá nosotros podemos implementar políticas que incentiven en un sentido. Un ejemplo de eso es el programa de Becas para el Bicentenario, donde se fijaron una serie de carreras prioritarias vinculadas a las  ciencias naturales y a las ciencias exactas que dan cuenta de una necesidad concreta de nuestro país en este nuevo proceso productivo.

-¿Cómo está la universidad en la actualidad respecto de ese puente que planteás que hay que tender hacia las necesidades populares?

-Yo creo que ahí tenemos un camino por recorrer, pero igual la universidad de hoy no es la de los 90, donde estábamos discutiendo el avance y el ingreso del mercado con el esponsoreo de empresas. Estamos en otra etapa. Ahora, lo que no podemos dejar de discutir es el vínculo de la universidad con el sector productivo, con el mercado, con el sector privado. Tenemos que empezar a concebir la universidad no cómo una isla adentro de la sociedad -donde se genera conocimiento en función de ningún objetivo- y poner ese conocimiento al servicio de los intereses de los más postergados. Me parece que ahí hay mucho por hacer. Hubo un momento en el que el Estado nacional aparecía como algo negado y me parece que hoy se puede no estar de acuerdo con las políticas de Estado, pero no se puede negar que hay Estado. Entonces la universidad tiene que entrar en la discusión sobre lo público y vincularse al fortalecimiento y a la generación de nuevas políticas que ensanchen derechos y amplíen las posibilidades de inclusión.

-Desde las ventanas de la Facultad de Derecho se ve la Villa 31 y jamás ningún profesor cuando yo estudiaba-que yo recuerde- dio cuenta de eso.

-Ahí hay una necesidad de profundizar la relación de territorialidad de la universidad, de que pueda efectivamente entablar un dialogo con su lugar.  Ahí siempre se plantean las actividades de extensión como esa instancia de derrame de conocimiento sobre los que no lo tienen. Hay que replantear esa relación en una instancia de construcción conjunta  de conocimiento para generar la transformación. En la universidad se genera muchísimo conocimiento, se investiga mucho y eso tiene que estar en función de resolver las demandas concretas de la sociedad, pero también hay otras instancias donde se construye conocimiento que vale y hay que construir ese puente para generar transformaciones reales y efectivas. El otro punto es cómo la universidad empieza a construir ese vínculo con lo público y empezamos a romper esa matriz de la formación para el ejercicio liberal de la profesión, para el mercado de trabajo sólo en el ámbito de lo privado.

¿Cómo fue la relación de la universidad con el peronismo? La versión más extendida es la de “Alpargatas sí, libros, no”.

-Mirá, hasta los propios no lo saben a veces pero el peronismo tuvo un rol fundamental en el proceso de democratización de la universidad. El 22 de noviembre se conmemoraron 60 años de la gratuidad de la Universidad Pública. La Universidad es pública y gratuita por el peronismo. Las raíces de nuestro proyecto político tienen que ver con ensanchar la posibilidad de que muchos más puedan acceder a la universidad. También está esta falsa dicotomía de libros o alpargatas y el peronismo, con esa decisión y con la creación de la Universidad Obrera y demás, dio cuenta de que son las alpargatas y son los libros, son las dos cosas. Hay una fuerte preocupación en el peronismo por fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico, vinculado al modelo productivo nacional y de crecimiento. Ahí las universidades nacionales tienen un rol fundamental. Una de las primeras medidas de Néstor Kirchner fue nombrar a las universidades públicas como consultoras de privilegio del Estado frente a cualquier decisión de política pública que hubiera que tomar. Ahí está claro que no hay un desprecio sino todo lo contrario, hay una preocupación y una intención de darle un rol protagónico a la universidad en función de un proyecto emancipatorio y de mayor justicia social.

-¿Dónde estudiaste?

-En la UBA, Trabajo social.

-¿Donde empezaste a militar?

-Yo empecé mi militancia a mediados de los 90 en un comedor en la Villa 1-11-14 al que llegamos a través de un grupo de compañeros que nos convocamos a partir de un trabajo en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en el año 96, que estaba vinculado en ese momento a la experiencia del Frente Grande. Ahí estuve militando 3 años sólo en el territorio haciendo las cosas que hacíamos en ese momento: el merendero, el apoyo escolar, las actividades sociales escindidas de la tarea más política. Después me agarró por militar adentro de la Universidad. Ahí milité en la Agrupación Lucía Cullen, un espacio exclusivamente de la Carrea de Trabajo. Fui consejera estudiantil de la carrera y del Consejo Directivo de la Facultad.

-¿Cómo fue la experiencia de ser consejera?

-Fue un poco empezar a conocer la institucionalidad de la Facultad. Siento que aprendí muchísimo, que fue conocer la universidad desde adentro para entender ciertas lógicas propias de una universidad como la UBA con magnitud que tiene. Es algo que me aportó.

-¿Por qué empezaste a militar?

-Vengo de una familia militante, la política era un tema permanente en mi casa. De alguna manera, si bien nací en el 77 y no tengo registro de la dictadura, sí tengo destellos de lo que fue la guerra de Malvinas. Pero a partir de la recuperación democrática, la cuestión de la participación política en mi casa era un tema importante. Ahí yo reconozco el germen. Y después siempre hubo como una vocación justiciera. El primer libro político que leí fue a los 11 años, la biografía del Che, escrita por Hugo Gambini.

-¡Era momento de leer Blancanieves!

-¡Exacto! Pero estaba ese libro ahí y a mí la figura del Che me llamaba la atención. Y con el peronismo me empecé a amigar entrados los 18. Ese momento del despertar adolescente con la política es más fácil con el Che. Pero seguimos con las lecturas de Jauretche y Scalabrini Ortiz, que también estaban en la biblioteca de mi casa.

-¿Y Blancanieves no estaba en ningún lado?

-¡Que se yo! Supongo que estaba pero de más chiquita.

-¿Cuando te hiciste kirchnerista?

-Yo lo voté a Néstor.

-¿Por convicción o qué?

-No sé. Yo lo escuchaba y le creía. Pero no creí que fuera a ganar. Lo voté a Néstor pensando que iba a haber una continuidad de aquello que había empezado Duhalde con el tema del Plan. Si bien ya sabemos lo que significaron esos años de duhaldismo -la devaluación asimétrica implicó una transferencia de recursos hacia el sector de los que siempre tienen- se abría una pequeña grieta para rediscutir el tema de la política social y poder empezar a atender sectores que hasta ese momento no tenían la más mínima chance de ser considerados por el Estado. De alguna manera ahí empezó cierta atención hacia un sector que estaba totalmente negado hasta ese momento. Yo no creí que Néstor iba a hacer todo lo que finalmente hizo pero pensé que por ahí estaba la posibilidad de seguir ensanchando al menos ese camino. Era como muy mínimo el horizonte que teníamos en los 90. Las cosas a las que aspirábamos en aquel entonces ahora son el piso por el cual hoy muchos pibes se suman a la política.

-¿Qué horizonte ves ahora?

-Me parece que se abre una posibilidad histórica inigualable porque en nuestros 200 años de historia, nunca se había dado que un gobierno popular tuviera tres mandatos consecutivos. Ni siquiera el peronismo en su momento. Se abre una agenda que tiene que ver con consolidar lo hecho y otra que tiene que ver con ir por más.

-¿Qué impronta te parece que la da la juventud a la gestión?

-Por un lado lo obvio, que es la fuerza y el empuje de los jóvenes, la energía y la vitalidad que le ponemos, aunque hay que decir que hay gente grande con empuje y jóvenes viejos. Pero me parece que lo que le aportamos quienes venimos de una experiencia militante es eso: la lógica militante al trabajo en la gestión. Nosotros tenemos una fuerte preocupación por construir un Estado militante, que esté permanentemente atento a la demanda y a estar cerca de la gente. Me parece que llegar a la gestión desde un espacio militante, no es lo mismo que tener un master en San Andrés, donde por ahí tenés todos los pergaminos y la acreditación del conocimiento académico pero te falta esa cosa de entender que cuando tenés que mover un expediente es porque atrás hay una persona con una necesidad concreta. Por eso militás cada expediente.

-¿A qué le decís ni a palos?

-A volver a los 90, a retroceder. Ni un paso atrás.

El recuerdo de Cristina

En su discurso de ayer, Cristina hizo una larga y sentida alusión a Spinetta, que aquí se reproduce:

“Quiero terminar recordando a alguien que se nos fue, otro Flaco, que para mí tiene connotaciones, como para todos los de mi edad, muy especiales. Anoche estábamos trabajando con algunos funcionarios en Olivos cuando nos dijeron ‘murió El Flaco Spinetta’. Lo primero que me vino a la cabeza fue la tapa del disco de Almendra, que era un arlequín...la que salió hoy en Página/12, casi me pongo a llorar cuando la veo hoy a la mañana... Me acordaba de ese vinilo, me hicieron acordar de la lágrima, yo no me acordaba, con la flecha esa de goma, hasta los colores me acordaba. Sé que la canción icono era ‘Muchacha ojos de papel’, que nos hizo soñar y ser románticos a todos y a todas, y que todavía me hace soñar, pero yo me acordaba de otra que es menos conocida, que es ‘Fermín’ y está en el LP. Sí, en el LP, le decíamos LP, la verdad, para qué voy a andar disimulando. Aparte El Flaco tenía la misma edad de mi flaco. ¿Del ’50, no, era El Flaco? Y me acordaba de cuando vino acá a dar recitales en el Salón Blanco (que tenemos que retomar, Parrilli..., tenemos que retomar los recitales del primer viernes de cada mes en el Salón Blanco, por favor, lo vamos a hacer). Y Néstor me acuerdo que lo agarró al Flaco Spinetta y lo sentó en el sillón del presidente. El tenía esa costumbre, le encantaba. La gente no quería, primero, y él los agarraba y les decía ‘vení sentate. Se sentó cada uno acá, por qué no te vas a poder sentar vos. Porque más importante que un presidente es cualquier argentino’. La verdad que, más allá de los sufrimientos particulares, hoy se nos fue un cacho de juventud. Almendra y él, que era un poeta, fue el símbolo de toda una generación, como lo fueron Charly y Nito Mestre con Sui Generis, y como fue Vox Dei. La verdad que ayer cuando me dijeron que se había ido, yo dije: ‘La gente como él no se muere. La gente como él se va’ (aplausos). Cuando alguien puede dejar testimonio de lo que hizo en su paso por la vida... al Flaco Spinetta lo vamos a recordar siempre cuando cantemos ‘Muchacha ojos de papel’, el Loco Fermín o el de la Soledad (...) Chau Flaco, ya nos vamos a ver seguramente. En algún momento”.

ALMENDRA CAMINO DIFICIL

¡Hasta Siempre Flaco!

07 de FEB. Argentina denunciará a Gran Bretaña ante ONU por Malvinas. Cr...

Una máquina de distribuir ganancias del oro negro

 LA ESTRATEGIA DE LOS ESPAñOLES DE REPSOL Y EL GRUPO LOCAL ESKENAZI CON YPF. POCAS INVERSIONES, CAIDA DE LA PRODUCCION Y RESERVAS Y REPARTIR MUCHAS UTILIDADES

Desde el desembarco del grupo Petersen, en apenas tres años, YPF distribuyó ganancias ordinarias y acumuladas por 18.628 millones de pesos, según los balances presentados en la Bolsa. En tanto, entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2010, la baja en las reservas fueron de 15 por ciento en crudo y 32 por ciento en gas, tendencia que continuó en 2011.

 

 Por Sebastián Premici

YPF es una de las empresas más rentables de la Argentina. Entre 2008 y 2010, la compañía obtuvo una utilidad neta acumulada de 13.380 millones de pesos, según los datos que se desprenden de los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores. De ese total, la petrolera distribuyó entre sus accionistas, siendo la principal la española Repsol, el 90 por ciento de esas ganancias. Este esquema de pago de dividendos formó parte del acuerdo entre la española y el local Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que adquirió el 15 por ciento de la empresa a pagar a partir de esa generosa distribución de recursos. Sin embargo, la ganancia repartida entre los accionistas superó ampliamente las utilidades de ese período. En los tres años analizados fueron repartidos 18.628 millones de pesos por ganancias acumulados no distribuidas de años anteriores, de los cuales el Grupo Petersen recibió un porcentaje equivalente a su capital social dentro de YPF, del 25,46 por ciento.

Este esquema de manejar las utilidades tuvo como consecuencia directa una intensidad menor en el rubro inversiones, que se tradujo en una baja en la producción anual de petróleo y gas, una disminución en la refinación y una merma de las reservas de la compañía, situación que acentuó los bajos rendimientos desde que Repsol llegó a YPF. Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2010, la baja en las reservas de crudo fueron de 15 por ciento, y en el caso del gas superó el 32 por ciento.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó a ese dato en su reaparición pública el pasado 25 de enero, al afirmar que las empresas petroleras deberían invertir en el país en vez de llevarse las riquezas de los recursos naturales a sus casas matrices. Para distintos analistas, legisladores y funcionarios, esas palabras otorgarían cierta legitimidad a un debate de fondo: ¿qué hacer con el sector de los hidrocarburos? Y, en particular, ¿cuál es el rol que debe tener la ex petrolera estatal YPF? El análisis de los balances de la compañía de los últimos años, con sus números de producción y resultados económicos, confirma la demanda de la primera mandataria. En este contexto, ya llegó al país el titular de Repsol, Antonio Brufau, para dar respuestas a las presiones del Gobierno e interiorizarse de la última denuncia oficial de cartelización contra la empresa.
Lo más relevante que el grupo local puede mostrar de vocación inversora es la exploración de shale oil. En noviembre pasado YPF confirmó la existencia de 927 millones de barriles equivalentes de hidrocarburos no convencionales en una superficie de 428 kilómetros cuadrados del área Loma La Lata Norte, en Neuquén. De ese volumen, 741 millones de barriles corresponden a petróleo crudo de alta calidad y el resto a gas. Este hallazgo se logró tras perforar y poner en producción 15 pozos verticales con volúmenes iniciales de entre 200 y 600 barriles diarios de shale oil de alta calidad, que permiten tener a la fecha producciones de 5000 barriles de crudo equivalente diarios. Pero son recursos no inmediatos para mejorar reservas y producción de la compañía.
La familia Eskenazi ingresó formalmente en YPF en febrero de 2008, cuando concretó la compra del 14,9 por ciento de las acciones de la petrolera local. Luego ejerció otra opción de compra, hasta llegar al 15,46 por ciento y, finalmente, en marzo de 2011 adquirió otro 10 por ciento. La “argentinización” de la compañía –impulsada por Néstor Kirchner– había generado la expectativa de que la otrora petrolera estatal sería un actor relevante para dinamizar el sector de los hidrocarburos. Sin embargo, los números dan cuenta de otra realidad.
En 2008, la utilidad neta de la compañía fue de 3640 millones de pesos, una disminución de 10,9 por ciento en relación con 2007 (4086 millones). En este período, marcado por el primer año de la gestión Eskenazi, YPF distribuyó dividendos por 9287 millones de pesos (2689 millones de dólares). La suma incluía, además de la distribución del 90 por ciento de las utilidades, un pago extraordinario de 850 millones de dólares, comprometido en los balances de ese año y el siguiente. En los balances presentados en España por Repsol, informaron una inversión en exploración y producción de 1475 millones de dólares, de los cuales 1306 correspondieron a desarrollo de pozos ya existentes y 169 millones de dólares fueron para la exploración de nuevos pozos. Esto se tradujo en sólo cuatro nuevos descubrimientos productivos de petróleo y uno solo de gas.
“La producción promedio de petróleo en 2008 disminuyó el 4,9 por ciento hasta 313 mil barriles diarios. La producción de gas natural disminuyó el 4,7 por ciento hasta 1658 millones de pies cúbicos por día. Dichas declinaciones fueron consecuencia de la declinación natural de la producción de nuestros campos, dada la característica general de madurez de los mismos, como asimismo a las huelgas de trabajadores que afectaron las operaciones de la sociedad en la región sur de la Argentina”, puede leerse en el balance de ese año.
Las reservas de crudo (probadas, desarrolladas y no desarrolladas) informadas por YPF y Repsol a los accionistas en España pasaron de 618,8 millones de barriles en 2007 a 580,8 millones al año siguiente. Entre enero de 2008 y mismo mes de 2009, sólo se exploraron dos nuevos pozos. Y en cuanto al gas, las reservas disminuyeron de 3,7 billones de pies cúbicos a 3,1 billones al año siguiente, una merma de 16,0 por ciento.
Al año siguiente, la situación fue similar. La utilidad neta durante 2009 fue de 3486 millones de pesos. A partir del acuerdo entre Repsol y los Eskenazi, ese año se distribuyeron 4897 millones de pesos en concepto de dividendos. ¿Qué ocurrió con la producción? En crudo, disminuyó de 313.000 barriles diarios a 302 mil y en gas, la disminución fue de 1658 millones de pies cúbicos a 1460 millones.
La refinación también cayó. “La producción diaria promedio de nuestras refinerías en 2009, considerando asimismo la producción procesada por Refinería del Norte S.A. (Refinor), sociedad bajo control conjunto, alcanzó a 310 mil barriles, lo que representa una disminución de 5,4 por ciento sobre los 328 mil barriles por día respecto de los procesados en 2008”, explicó la compañía en su informe a la Bolsa de Comercio. La capacidad de refinación se mantuvo casi invariable en los últimos cinco años.
En 2009, la actividad económica registró un ciclo recesivo por la crisis internacional. Las ventas de YPF tuvieron una merma de 1,6 por ciento en relación con 2008. También disminuyeron sus exportaciones, que de todas maneras representaron ingresos por 4904 millones de pesos. Según la información brindada, parte de este freno económico pudo compensarse por los ajustes de los mayores precios obtenidos por la venta de naftas y gasoil. Desde la llegada del Grupo Petersen a YPF, el Gobierno le ha autorizado a la empresa subas de precios de los combustibles en el surtidor, que actuaron como referencia para el resto de las petroleras. A cambio del reacomodo de precios, la empresa debía invertir en producción y exploración.
A pesar de la alta utilidad neta de la compañía y la importante distribución de dividendos, las reservas continuaron a la baja. Según el Balance 2009, ese año sólo estuvieron en exploración siete nuevos pozos. En crudo, cayeron de 580,8 millones de barriles a 538,4 millones. Y en gas, descendieron a 2,7 billones de pies cúbicos, una baja aproximada de 12 por ciento.
En 2010 el contexto económico cambió. Pasado el fuerte impacto de la crisis internacional, año de venta de autos record –lo que se tradujo en mayores ventas de naftas–, YPF tuvo una utilidad neta de 5790 millones de pesos, es decir un incremento de 56 por ciento. La distribución de dividendos fue de 4444 millones de pesos.
Las ventas de la compañía aumentaron un 28,7 por ciento, incremento explicado por la recuperación económica en el país, por una mejora en los precios internacionales del barril de crudo y por los aumentos aplicados en las naftas. A pesar de las mejoras del contexto, la producción cayó. En crudo se produjeron 293.000 barriles diarios, cuando un año antes habían sido 302.000. Y en gas pasaron de producir 1460 millones de pies cúbicos diarios a 1346 millones, una merma de 7 por ciento.
Las exportaciones de la compañía dejaron ingresos por 5678 millones de pesos, una suba de 15 por ciento en relación con el año anterior. La combinación entre ventas al exterior y baja sostenida en la producción tuvo como resultado una mayor importación de combustibles, situación reconocida por la empresa y criticada por Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del 25 de enero.
En 2010, la cantidad de nuevos pozos explorados fueron siete, al igual que 2009, según datos de la Secretaría de Energía. La alta utilidad neta de la empresa continuó invariable a lo largo de los últimos años, como así también la caída en la producción y en las reservas. En 2010, los acumulados de crudo descendieron a 531,1 millones de barriles. Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2010, la merma en las reservas de crudo fue de 15 por ciento, aproximadamente. Y en relación con el gas, se pasó de 3,7 billones de pies cúbicos a 2,5 billones, una baja de 32,0 por ciento.
El saldo de estos años de la asociación de los españoles de Repsol con los locales Eskenazi es elocuente: elevada rentabilidad y generosa distribución de dividendos de YPF con una baja constante de la producción y las reservas de crudo y gas, tendencia que se viene registrando desde la privatización de YPF a manos de Repsol.
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El pueblo y las formas republicanas

DOS OPINIONES SOBRE LA RELACION ENTRE GOBIERNOS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y CORPORACIONES

 

El Estado y los movimientos sociales

Por Rubén Dri *

“El Estado por definición es monopolio y el movimiento social por definición es democratización de la decisión. El concepto de gobierno de movimientos sociales es una contradicción en sí misma, sí. ¿Y qué?” (Alvaro García Linera).
“Un fantasma recorre el continente latinoamericano, el fantasma de los movimientos sociales construyendo poder”, escribíamos en el prólogo al libro Movimientos sociales, la emergencia del nuevo espíritu (Ediciones Nuevos Tiempos, 2008).
La década del ’90 constituyó el aplastante triunfo del neoliberalismo y, en consecuencia, la mayor derrota política de los sectores populares latinoamericanos. Ante esa derrota, los militantes populares se refugiaron en la base, construyendo movimientos sociales. Una nueva conciencia se despertaba. Fue el momento de la aparición fulgurante del zapatismo que galvanizó las expectativas de los sectores populares, del movimiento de los Sin Tierra en Brasil, de los pueblos originarios, de los movimientos ecologistas, por citar sólo algunos de los más representativos.
Esta emergencia de los movimientos sociales despertó el pensamiento político aletargado y, como no podía ser de otro modo, se formularon teorías que tomaban el nuevo fenómeno como una realidad que hacía tabla rasa con todo lo anterior. La “multitud” de Toni Negri que rehúye todo tipo de organización y la tarea de transformar el mundo sin poder, de John Holloway, tuvieron su momento de triunfo.
El 2000 mostró una Latinoamérica saliendo de la noche neoliberal con gobiernos populares que interactuaron con los movimientos sociales de diferentes maneras. La nueva realidad latinoamericana exige repensar y reformular la relación entre lo social y lo político, y el caso “Famatina” pone el problema al rojo vivo.
La práctica social y la práctica política, o lo social y lo político, constituyen dos momentos de una misma totalidad. Lo social es político y viceversa, pero no lo es de la misma manera. En cierta forma, lo social se comporta frente a lo político como lo particular frente a lo universal. Son dos momentos contradictorios de una misma realidad. De su superación depende la salud política de la sociedad.
Lo social apunta a lo particular, a solucionar problemas particulares como el agua, los semáforos, el hospital, la biblioteca. Los movimientos sociales están en la base de la sociedad, tienen que ver con los problemas cotidianos, hacen a la salud de la población. Generan poder, pero no se trata de la búsqueda del poder para organizar la sociedad como un todo, porque entonces deben sobrepasar el problema particular que deben resolver.
La comunidad de Famatina, y con ella la comunidad del pueblo riojano, tienen que defender el derecho a la vida, el derecho al agua que la explotación de la mina a cielo abierto pone en serio riesgo. No tienen alternativa. No pueden permitir que se les envenene el agua, que es tan escasa en esa provincia. He estado muchas veces en La Rioja con compañeros y compañeras, escuchando cómo luchan contra la contaminación que les provocaría el proyecto de explotación de las minas de Famatina y Chilecito. Lo mismo he escuchado en Catamarca en relación con Andalgalá.
“¡Famatina no se toca!” Ese es el grito de guerra de las asambleas riojanas. Es el grito de guerra por la vida digna. Esa defensa es innegociable. Se trata de lo particular que entra en contradicción con lo universal del Estado, o de lo político, que debe mediar entre diferentes y contradictorios intereses que son expresados por los movimientos sociales.
“Famatina”, debido al poder que los asambleístas han logrado crear obligando al poder político a posponer el proyecto de explotación a cielo abierto, se constituye en un caso testigo para la política del movimiento nacional y popular. Ahí aparece la contradicción a la que se refiere García Linera, esa contradicción que obliga a veces a Evo Morales a corregir determinadas políticas.
La explotación de minas a cielo abierto tal como fue programada ha sido herida de muerte en Famatina. ¿Qué hacer entonces con las minas? Ninguna solución es posible sin escuchar a las bases, al pueblo expresado en las asambleas que son movimientos sociales que expresan intereses vitales de la población. La reacción expresada en las asambleas no es meramente afectiva. Los sectores populares “sienten” y “piensan”.
Lo que debiera estar claro es que la contradicción entre los movimientos sociales y lo político expresado por el Estado no es accidental, no depende de la testarudez de los asambleístas sino de la dura realidad. Hegel le reprochaba a Kant su ternura con la realidad, que lo llevó a echar la “culpa” de las contradicciones en el sujeto.
Las contradicciones deben ser vistas desde abajo y desde arriba, desde los movimientos sociales y desde el Estado. Este no puede hacer tabla rasa con ellas, como tampoco lo pueden hacer los movimientos sociales. No hay proyecto alternativo a la explotación de las minas a cielo abierto sin la participación activa de las bases, de los asambleístas.
La articulación entre lo social y lo político, entre los movimientos sociales y las estructuras políticas, constituye un momento esencial en los proyectos nacionales y populares transformadores que recorren el continente latinoamericano. En algunos países, como Bolivia y Ecuador, esto aparece con claridad meridiana. Tal vez sea Bolivia el caso más impactante. Nadie puede negar que allí se está produciendo una revolución con características realmente novedosas, cuyo fundamento hay que buscarlo en la articulación contradictoria que se logró entre los movimientos sociales, especialmente de los pueblos originarios y mestizos, y el Estado.
Los movimientos sociales, en su práctica de resolver problemas particulares, esenciales para su vida, no deben perder de vista que sólo lo pueden lograr en el marco de un proyecto político abarcador que debe articular otras contradicciones, o sea, en el ámbito de un movimiento nacional, popular y, ahora es necesario agregar, latinoamericano, porque el fantasma de los movimientos sociales se cierne sobre todo el continente. “¡Famatina no se toca!” ¿O se toca de otra manera? Hemos visto que el “que se vayan todos” fue necesario, pero insuficiente. Si Famatina se ha de tocar de otra manera, no se lo podrá hacer sin la participación activa de las asambleas.
* Profesor consulto de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

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Un nuevo escenario discursivo

Por Esteban De Gori *

Los nuevos gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur han reactualizado conceptos, léxicos y vocablos que remiten, entre otras cosas, al complejo lenguaje republicano que se construyó en las travesías autónomas y nacionales. Es decir, pareciera que los festejos de los inicios de las revoluciones autonomistas han colaborado en la reconfiguración de las palabras presidenciales y han forjado un nuevo escenario discursivo. Incluso ese vocabulario republicano –que no es homogéneo en los distintos países– ha logrado instalarse en gobiernos que apelan a un nuevo socialismo.
Entonces podemos advertir que un republicanismo del bien común se reactualiza con la recuperación de la autoridad estatal y presidencial, con la conmemoración de los bicentenarios, con la puesta en práctica de neodesarrollismos incluyentes y con las tensiones que se suscitan en la búsqueda de mayores niveles de igualdad. Asistimos a un momento republicano que no sólo se inscribe en un cambio de época sino que pareciera forjarse en el litigio –con más o menos intensidad– con estructuras desiguales y grupos económicos concentrados. Grupos que, paradójicamente, muchos de ellos, se han beneficiado con el “modelo” de bienestar que proponen estos gobiernos. Pero, pese a ello, no es el momento republicano soñado por las derechas que reivindican abstractamente la división de poderes, la naturalidad de las desigualdades y que asocian liderazgos con tiranías sino que es un momento donde se presenta la dramaticidad y tensión que provoca la búsqueda de horizontes igualitarios en el orbe capitalista.
A su vez, este republicanismo compone una escena discursiva que sitúa el conflicto entre grandes y pueblo, que posee sus líderes, que se apropia de gestos antielitistas, que articula intelectuales que pueden sustraerse de las liturgias de la obediencia y que enriquece la idea de bien común con potentes metáforas de las simbologías cristianas, “jacobinas” e indígenas. Es decir, los nuevos gobiernos no sólo intentan realizar un esfuerzo económico que los coloca ante la disyuntiva de limitar o avanzar radicalmente sobre el poder de los grupos económicos sino que se esfuerzan por redefinir los términos de las culturas políticas de sus países. Por ello observamos la intensa circulación de las palabras presidenciales, la puesta en marcha de la recuperación simbólica de ciertos procesos y personajes históricos, y una potenciación de una escena cultural orientada a la formulación de nuevas subjetividades. Ahora bien, ese léxico republicano se enfrenta a un problema agonal, ya que transita entre la pugna que supone la idea bien común (la cual a su manera apela a una mirada universal de la reparación social para todos y todas) y los intereses e identidades colectivas. Es decir, en esa pugna “pendular” no sólo se recrea la fortaleza del propio léxico republicano sino todas las tensiones de fondo entre una concepción (general) del ciudadano y de los intereses particulares. Es decir, la institucionalidad gubernamental está atravesada por el conflicto entre la “revolución de la ciudadanía” y de “los intereses –a veces, muy atendibles y pertinentes– de los actores”. Pero como no existen ciudadanos “puros”, ni intereses sectoriales escindidos de cualquier idea de comunidad, el decisionismo presidencial intenta construir en esa intersección conflictiva un criterio de lo justo. En este sentido, en la actualidad, la discusión por lo justo posee un mayor material político que en otras épocas. Su persecución, entonces, estaría en establecer cómo se realiza y efectiviza la idea de bien común y, a su vez, cómo se interpela y convoca a sus futuros beneficiados. Entonces, ¿cómo se define esta idea? Aquí deben reconocerse que las nuevas elites políticas han construido los enunciados de “vivir bien”, “buen vivir” o “vivir dignamente”. Definiciones que intentan ser efectivizadas a partir de un proceso económico que busca hacerse paso entre el igualitarismo, la libertad, las amenazas que implican un renovado extractivismo y el poder económico de grupos concentrados huérfanos de representaciones políticas fuertes. Pues bien, en cómo lidiar con estas aspiraciones y amenazas parece encontrarse una de las claves para ampliar la base política de los nuevos procesos. Por lo tanto, la búsqueda del bien común se vincula ineludiblemente con dotar de mayor adhesión y complejidad a la política, pero también se vincula con una identificación de los sujetos a ser beneficiados y dirigidos. En este sentido, ¿qué actores definen bien común? Una primera respuesta: su definición se articula con la reconstitución de la autoridad presidencial y su capacidad de negociar, interpretar y limitar intereses. Una segunda respuesta: lo definen las nuevas elites gubernamentales bajo la lógica de una interpretación de los intereses sociales que no siempre se “ajustan” directamente a lo que planteaban primigeniamente los representantes sectoriales. Tercera respuesta: los actores considerados construyen en el conflicto entre una idea de bien común y la significación de los intereses particulares un criterio de lo justo que les permite orientarse en la escena política. En este sentido, ese criterio parece basado en una fórmula inestable y potente: limitar a los poderosos, pero con la condición de, a veces, no realizar en su plenitud lo planteado por intereses particulares. De esta forma, no siempre la ampliación de derechos ciudadanos se corresponde directamente con los derechos que exigen las organizaciones sino que el fin último parecería ser ajustarse a una concepción de ciudadano que desborda lo particular. Es decir, en ese punto se juega un republicanismo actual que se presenta como una lectura realista del poder, que sopesa razones estatales, que trabaja con la amenaza constante de los grupos concentrados y con el reclamo razonable de organizaciones sociales.
* Doctor en Ciencias Sociales, docente de la UBA e investigador del Conicet

Representación sindical y representación política

A PROPOSITO DEL CONFLICTO ENTRE MOYANO Y EL GOBIERNO

 Por Edgardo Mocca

Opinión

La línea argumental en la que se apoya Hugo Moyano para fundar el cambio de sus relaciones con el Gobierno tiene un interés específico, más allá de los episodios conflictivos que, con desdichada frecuencia, va poniendo en escena la dirección cegetista.
El primer axioma de la retórica de la actual conducción sindical es la reivindicación de la condición peronista, a la que sitúan por encima de las circunstanciales relaciones con la estructura política del justicialismo y con el Gobierno. Es un clásico de la historia del peronismo: aquellos a quienes la lucha política deja fuera del centro decisorio del movimiento pasan a reivindicar lo que Carlos Altamirano denominó el “peronismo verdadero”. Es decir, una esencialidad constitutiva del peronismo que, por definición, no coincide con el “peronismo fáctico”, es decir la práctica que se desarrolla en nombre del movimiento, especialmente cuando éste ejerce el poder. Durante gran parte de las seis décadas y media transcurridas desde el histórico 17 de octubre de 1945, la impugnación por un supuesto abandono de los principios fundantes provino de los sectores más radicalizados y se dirigió a las burocracias sindicales y a los sectores conservadores orientados al pacto y la conciliación con los enemigos. Genéricamente, el peronismo verdadero fue esgrimido por las alas nacional-populares y de izquierda de la fuerza creada por Perón.
En este punto, el caso de la disidencia encabezada por Moyano es diferente. La especificidad de su discurso crítico consiste en que no se estructura con relación al eje derecha-izquierda (o combativismo-conciliación u otros del mismo porte) sino en torno de un sujeto social concreto, los trabajadores. Las diferencias entre ambos modos de enunciación quedan ilustradas en las últimas intervenciones del líder cegetista, cuando expresa su solidaridad con Venegas y con Zanola, a propósito del tema de los denunciados ilícitos de algunas obras sociales en la comercialización de medicamentos. Difícilmente un cuestionamiento de orden ideológico al Gobierno podría validarse acudiendo a esas compañías.
De manera que el punto en el que se para el grupo cegetista es el de los intereses de los trabajadores. Sitio crítico si lo hay en un movimiento que tiene a la conciliación de las clases como un horizonte doctrinario principal. Claro que la historia del peronismo realmente existente puso en jaque más de una vez este presupuesto ideológico. La aguda y documentada investigación de Daniel James (Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina) muestra, acudiendo a categorías elaboradas por Raymond Williams, el complejo entremezclamiento entre la “ideología formal” y la “conciencia práctica” en la masa peronista durante los años inmediatamente posteriores al derrocamiento de 1955: mientras la primera subrayaba la justicia social en el contexto de la armonía entre las clases, la segunda incorporaba elementos centrales de la visión clasista de la historia que daban forma a documentos como el de las 62 Organizaciones en la reunión de La Falda en 1957. Es decir que el grupo que hoy conduce la CGT no habla un lenguaje extraño a la tradición peronista sino que apela a uno de sus aspectos, acaso uno de los más importantes.
Cuando poco antes de la muerte de Néstor Kirchner, Moyano proclamó, en un acto masivo en el estadio de River, su deseo de que alguna vez “un trabajador” fuera presidente de la República generó una escena que hoy adquiere una significación muy especial. Cristina Kirchner le respondió, en su habitual estilo coloquial-irónico, que ella trabajaba desde los 17 años. Hay en el intercambio algo más que una interpelación clasista y una respuesta personalmente interesada. Está planteado acaso el núcleo de las actuales tensiones. El líder de la central obrera habla como representante principal de un sujeto social, Cristina le contesta desde su pertenencia al colectivo social invocado; con un pequeño detalle: es la Presidenta.
Con el correr del tiempo, las tensiones se han profundizado. El liderazgo cegetista ha creído ver en el acercamiento del Gobierno a la conducción de la central empresaria una señal de distanciamiento de los trabajadores. En realidad, el acercamiento es consecuencia de un importante cambio de la conducción de la UIA a favor de los sectores más cercanos al Gobierno. Hoy interpreta que el retiro segmentado de los subsidios a los servicios públicos es lisa y llanamente un ajuste ortodoxo y que la “sintonía fina”, emblema oficial de la nueva etapa, trae una reminiscencia menemista. En el corazón del discurso moyanista está el hecho, ciertamente innegable, del apoyo electoral abrumadoramente mayoritario que la Presidenta recogió entre los trabajadores, en la elección de octubre último. El mensaje es inequívoco: Moyano representa a los trabajadores y cualquier erosión importante de la alianza con el Gobierno debilitaría los cimientos básicos de la legitimidad presidencial.
Como en las cercanías del líder camionero se esgrimen argumentos que incorporan el supuesto “giro a la derecha” del Gobierno resulta habilitada una discusión del problema en términos de la tradición ideológica de la izquierda. Particularmente está en discusión la cuestión de los modos de la representación de los trabajadores, la relación entre representación sindical y representación política. En términos de Gramsci, la diferencia entre conciencia económico-corporativa y conciencia política hegemónica. Claro que no se trata de pensar la diferencia en términos esquemáticos, como si se tratara de áreas perfectamente distinguibles en la práctica social. No se puede ignorar, por ejemplo, la importancia política que tuvo la resistencia sindical encabezada por el MTA de Moyano y la CTA de De Gennaro a los programas económicos del neoliberalismo durante la década del noventa. Era mucho más que la de por sí importante defensa de conquistas laborales arrasadas en esa época; constituían una posición política claramente definida en torno de valores como la defensa de la producción nacional y la justa distribución de las riquezas, una posición que solamente alcanzó hegemonía en el discurso público cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003.
La idea gramsciana de conciencia política tiene, sin embargo, una importancia capital en el debate presente. Los sindicatos tienen un papel decisivo en la defensa corporativa de los trabajadores. Y “corporativa” no es una mala palabra ni una cuestión menor. En los mencionados tiempos del neoliberalismo, el debilitamiento de los sindicatos fue una de las premisas centrales del despliegue del proyecto político entonces hegemónico. Desde la asunción del kirchnerismo hasta hoy, la alianza Estado-movimiento sindical fue un eje del proceso de transformaciones. Los beneficios mutuos son innegables: la alianza contribuyó a la construcción de poder legítimo para un grupo dirigente que asumió la conducción del Estado desde posiciones de gran debilidad; fue también la herramienta para un mejoramiento general y sostenido de las condiciones de vida de los trabajadores, el aumento de los ingresos, la espectacular recuperación del empleo, la incorporación de excluidos al sistema jubilatorio y, entre otros muchos indicadores, la recuperación del rol social de los sindicatos.
Ahora bien, no es una alianza entre pares. Cualquier pretensión de igualar las posiciones presupone un abandono de la perspectiva gramsciana de la hegemonía. El Gobierno, a través de la Presidenta, ha dicho reiteradamente que gobierna para los cuarenta millones de argentinos, pero, al mismo tiempo, ha dejado claro que no es neutral, que le da prioridad a los intereses de los más vulnerables. Tanto la universalidad de la apelación (los cuarenta millones) como la prioridad (los más vulnerables) son un ejercicio de la hegemonía. No pueden someterse a una discusión estrictamente sindical. Los sindicatos pueden y deben defender a los trabajadores en las paritarias (que ciertamente no fueron recuperadas por el Espíritu Santo). Pueden y deben reclamar por las más diversas reivindicaciones. Lo que no deberían sería subordinar el interés de un proyecto político que los tiene por beneficiarios principales a determinados logros circunstanciales.
Si de lo que se trata es de un cuestionamiento al proyecto político y de una propuesta superadora desde el punto de vista del interés político de los trabajadores, la arena central en la que esto debe dirimirse no son los sindicatos. Es la política. Y la política demanda “espíritu estatal”. Es decir la política no puede reducirse a satisfacer demandas de los trabajadores. Se le exige que dé cuenta de los intereses del conjunto nacional sin renunciar al punto de vista de los más débiles. Eso es la hegemonía.