La salud presidencial es un problema de Estado, deja de ser individual y pasa a ser pública. La Presidenta no tiene la posibilidad de un particular sin responsabilidades públicas de encriptar su padecimiento, de centrarse en el núcleo más íntimo de sus seres queridos. El presidente/a tiene que abrir a lo público lo que pasa por su cuerpo, como una enfermedad, en este caso el carcinoma de tiroides. Y al mismo tiempo, lo que pasa por el cuerpo de una persona se convierte automáticamente en materia de la política.
En su primera aparición pública tras la difusión de su dolencia, en un acto con varios gobernadores, aprovechó para subrayar otras cuestiones. Las dos primeras apuntaron a desdramatizar y tranquilizar, mostrándose ella tranquila. Y la otra fue para mostrar que estaba garantizada la continuidad y alejar cualquier incertidumbre. Para los dos mensajes eligió el humor. “Ya le dije al presidente Chávez –dijo– que le voy a disputar la presidencia de ese congreso suyo de los presidentes latinoamericanos que vencimos al cáncer.” Lo decía por los presidentes de Paraguay, Fernando Lugo; de Venezuela, Hugo Chávez; de Brasil, Dilma Rousseff, y el ex presidente Lula da Silva. Todos ellos sufrieron esa enfermedad o aún están convalecientes. Se mostró así confiada en el desenlace positivo de su enfermedad, cuyo pronóstico es efectivamente bueno.
En relación con la continuidad, habló de los vicepresidentes: “Guarda con lo que hacés”, le dijo en broma a Amado Boudou y recordó el peligro institucional que significaba un vicepresidente como Julio Cobos, enrolado en la oposición.
Chávez, que fue el primero de los mandatarios latinoamericanos en llamarla, se permitió hacer algunas conjeturas sobre la enfermedad que padecen cinco de los presidentes de la región que rechazaron los TLC y pugnan por la integración regional. “Me parece una coincidencia demasiado rara –reflexionó–. No quiero acusar a nadie, pero con los avances de la ciencia en los países desarrollados quizá se encontró la forma de provocar el cáncer.” Esta reflexión tan conspirativa se prestó a muchas bromas, pero coincidió con las disculpas de Washington a Guatemala cuando después de 64 años se hicieron públicos documentos clasificados donde se detallaba que científicos norteamericanos habían inoculado a cientos de guatemaltecos pobres, sin su consentimiento, sífilis y otras enfermedades venéreas para sus investigaciones. Cualquier reflexión que pueda hacer Chávez se queda corta comparada con la realidad.
Apenas se informó de la enfermedad de la Presidenta, varios de los analistas de la oposición opinaron, sin ocultar su disgusto, que la fortaleza de Cristina Kirchner reside en su debilidad. Lo decían por su viudez reciente y por el carcinoma en la tiroides. No es que los apene, sino que piensan que la fortaleza política de la Presidenta proviene de una actitud de victimización. Lo paradójico es que quienes piensan así, son los primeros en victimizarse al ponerse en el lugar de los perseguidos. Además de la enfermedad presidencial, se atraviesa un momento importante en relación con la aplicación de leyes que apuntan a romper cuellos de botella que sofocan la estructura del sistema de medios en Argentina, uno de los más concentrados y monopolizados y por lo tanto de los menos democráticos. En este marco se declaran perseguidos por sus opiniones.
En un momento de la historia de la humanidad en que los medios prácticamente han reemplazado a los sistemas educativos como principales productores de contenidos, significados y valores, esa poderosa usina cultural está concentrada en las manos de muy pocos empresarios privados. Además, esos pocos se expresan ideológicamente en forma corporativa, impidiendo que otras voces puedan multiplicarse y diversificarse. No hace falta explicar mucho esta situación porque resulta evidente, la conocen los periodistas, los políticos y la población en general.
Por eso ha sido decepcionante la actitud de la oposición, que decidió sumarse a la preservación de este sistema regresivo con un discurso equívoco sobre la libertad de prensa. De esta manera, se negaron a votar la ley que proclamó de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. No es delito votar en contra, pero al menos también tendrían que haber llamado la atención o destacado el peligro de la forma tan concentrada que tiene la actividad mediática.
Desde el macrismo y los radicales, hasta los socialistas y los peronistas disidentes votaron en contra y se llamaron a silencio, ninguno se atrevió a denunciar esa estructura monopólica. A diferencia del debate que provocó en las filas del kirchnerismo y sus aliados la llamada ley antiterrorista, la defensa del monopolio mediático emblocó a la oposición.
Los argumentos principales fueron que la ley se enmarcaba en una guerra del Gobierno con los grandes medios, con lo que supuestamente se desdibujaba el objetivo de mejorar el sistema. Resulta obvio que para mejorar el sistema de medios hay que tocar intereses monopólicos importantes y por lo tanto habrá una disputa muy fuerte. Si ese conflicto es lo que llaman una guerra, descubrieron la pólvora: cada vez que se quiera cambiar una situación injusta habrá un conflicto.
Supuestamente para reforzar este argumento se recordó que el kirchnerismo fue el que permitió la fusión de las principales empresas de cable controladas ahora por Clarín. Pero lo lógico es que quien criticó aquella decisión que favoreció el proceso de concentración ahora apoye las medidas que tienden a desmonopolizar. Y no al revés. No se trata de apoyar todo o criticar todo. Lo que vale es cada medida que se puede criticar o apoyar. Y es bueno también que en el Gobierno, o entre las fuerzas que lo sustentan, haya una puja y no sea monolítico. En este caso, hubo una puja entre la tendencia que pugnaba por hacer acuerdos con los grandes medios frente a las tendencias que planteaban una política de democratización del sistema de medios en el país. Primó la estrategia más conciliadora en el primer gobierno kirchnerista. Cuando cambiaron las condiciones, pesó la otra, la más difícil, la que pocos políticos, periodistas y gobernantes se han animado a plantear.
El otro argumento fue poner el grito en el cielo contra el supuesto reemplazo de Papel Prensa por un monopolio estatal. Dieron larguísimas explicaciones sobre los peligros de que la producción del papel fuera monopolizada por el Estado. Los peligros son ciertos, en el caso de que se creara ese monopolio estatal, pero en ninguna parte de la ley se estatiza Papel Prensa o cambian sus dueños. Lo único que establece esa ley es que se tomen los recaudos para garantizar que todos los diarios, incluyendo a Clarín y La Nación, paguen el papel al mismo precio y que todos reciban la cuota de papel que requieran. La forma monopólica de la producción del papel hacía que estas premisas mínimas no se cumplieran y que este incumplimiento se tomara como algo natural. La autoridad de aplicación, encargada de hacer cumplir estas premisas, será el Ministerio de Economía, pero también habrá una comisión bicameral de seguimiento integrada por legisladores de todos los bloques oficialistas y opositores. Y además se creará una Comisión Federal Asesora, integrada por representantes de los diarios del interior, los consumidores y los trabajadores.
Se lo mire por donde se lo mire, en el marco de una guerra o no, la ley genera condiciones más democráticas para la libertad de expresión que la situación concentrada y corporativa que la oposición no quiso denunciar ni transformar. Fue una manera de aliarse con estos grandes medios a partir del remanido axioma de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. A algunos del centroizquierda antikirchnerista, oponerse al Gobierno y a los monopolios al mismo tiempo los llevaba a un lugar muy difícil y optaron entonces por ese voto conciliador con un sistema monopolizado. Divididas así las aguas no deja de ser inquietante que un eventual triunfo de la oposición deshaga el camino que se ha iniciado para democratizar una actividad esencial, sobre todo porque será muy difícil que se repitan las condiciones para hacerlo.
Por Hugo Chumbita *
