Todos a Vélez tempranito que vamos a ser muuuuuuuuuuuuuuuuchos

Hoy Pía López en el Taller de Historia Política Argentina

HOY NOS ACOMPAÑA MARÍA PÍA LÓPEZ
EN EL TALLER DE HISTORIA POLÍTICA ARGENTINA.
HABLARÁ DE ARTIGAS Y JUNTO A NACHO POLITZER
(NUESTRO QUERIDO COORDINADOR DEL TALLER)

TOCARAN LOS TEMAS DE NUESTRA SEGUNDA CLASE:


Clase N°2 - Miércoles 24 de abril / 19hs

Primer parte: 


El rol de Artigas. Andresito Artigas y los caudillos del litoral. 


San Martin, político, militar: un hombre con una causa. Encuentro con Bolívar.

Segunda parte:


 Dorrego a Rosas, alianzas políticas con los caudillos. 
Caseros cambia las cosas, sube Mitre, rol de Sarmiento.


FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SEDE CONSTITUCIÓN.
19HS, SUBSUELO.

Comunicado de Trabajo Social

En reunión de Junta de la Carrera de Trabajo Social del 19-04-12 se trató y se aprobó la propuesta de reformulación del Plan de Estudios elaborada en más de 10 años de consultas a todos los actores de la comunidad académica. Agradecemos la participación en las instancias que ha implicado este provechoso y no por eso menos dificultoso proceso.

Lamentamos los actos de violencia ejecutados en esa ocasión por la mayoría estudiantil y otros jóvenes que los apoyaban. Descontentos con la resolución (pese a que la última versión del texto incluía varias de las propuestas elaboradas por dicho sector), intentaron interrumpir el funcionamiento de la reunión con gritos, empujones y agresiones. El resto de los consejeros de junta, la directora de la carrera, docentes y autoridades fueron agredidos, empujados, insultados. Las personas vinculadas a esta postura procuraron impedir, por la fuerza, la salida del edificio de la directora de carrera. Bloquearon escaleras para impedir la circulación. Impidieron que personal y autoridades de la carrera pudieran retirar sus pertenencias de la oficina de la dirección, todo esto a través de acciones de violencia física y verbal. Entre las cuestiones mas graves a señalar se encuentra que la vicedecana de nuestra facultad fue insultada aludiendo a su
condición de sobreviviente de un centro de detención clandestino.

Creemos que estas prácticas antidemocráticas y autoritarias no contribuyen al debate tantas veces declamado por estos grupos que buscan imponer sus opiniones por la fuerza.

Equipo de Gestión

Carrera de Trabajo Social

FSOC-UBA

Hoooooooooooy en sooooooocialeeeeeeeeees. 19hs. Sede Constitución. Subsuelo.

pEÑA sOLIDArIA

BANDERA DE BELGRANO.mpg

Jornadas Ciencias Sociales y Política en Argentina

15/03/2012 10:00

a

16/03/2012 21:00

El Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas organiza las Jornadas “Ciencias Sociales y Política en Argentina” a realizarse el 15 y 16 de marzo en la Biblioteca Nacional.

Estas jornadas buscan promover un amplio y plural debate acerca del estado actual de las Ciencias Sociales y la agenda política del país.

La entrada es libre y gratuita y se entregarán certificados de asistencia con pedido previo a idaes@unsam.edu.ar.

Ciencias sociales y política en Argentina

Biblioteca Nacional – 15 y 16 de Marzo de 2012

Jueves 15 de Marzo

10:00 – Palabras de Bienvenida

Ministro de Ciencia y Tecnología – Ministro de Educación - Presidente del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales

10:30 – Apertura – Política y ciencias sociales: encuentros y desencuentros

Dora Barrancos, José Nun, Emilio de Ípola, Juan Carlos Torre

Coordina: Aníbal Viguera

13:00 – Pausa

14:30 – Mesa I – Ciencias Sociales, Estado, Ciudadanía y Derechos

Juan Manuel Abal Medina (a conf.), Víctor Abramovich, Gabriel Kessler, Margarita Rozas

Coordina: Sandra Arito

16:30 – Pausa

17:00 – Mesa II – Desafíos para la articulación entre ciencias sociales y política

Horacio González, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson

Coordina: Daniela Soldano

Viernes 16 de Marzo

10:30 – Mesa III – Democratización de la comunicación y reconocimiento de identidades

13:00 – Almuerzo

14:30 – Mesa IV –Ciencias sociales, política y emancipación

Ricardo Forster, Héctor Schmucler, Eduardo Gruner

Coordina: Sergio Caletti

16:30 – Pausa de Café

17:00 – Mesa V– Políticas de investigación en ciencias sociales

Eduardo Rinesi, Lucas Rubinich, Federico Schuster, Ernesto Villanueva, Carolina Scotto (a conf.)

Coordina: María Matilde Ollier

19:00 – Cierre de la Jornada

Leonor Arfuch, Roberto Follari, Damián Loreti

Coordina: Luis Nelly

Con las funciones ampliadas

LOS NUEVOS PODERES Y LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DEL BANCO CENTRAL

Enterrando las ideas de la ley de convertibilidad, el banco podrá intervenir en el desarrollo económico con equidad, estabilidad financiera y crédito productivo, y regular actividades hasta ahora ignoradas.

Por Tomás Lukin

El Banco Central ampliará sus funciones y cambiará de objetivos para incluir, además del control de la inflación, el de- sarrollo económico con equidad y la estabilidad financiera. Las modificaciones a la Carta Orgánica enviadas por CFK al Congreso no sólo redireccionan el accionar del organismo hacia la economía real, sino que amplían el arsenal del BCRA para regular y orientar el crédito productivo de largo plazo, subsanan limitaciones al accionar del banco que promovían nichos de negocios financieros y extienden su alcance marco regulatorio a actividades hasta ahora ignoradas.

La iniciativa, explicó la Presidenta, apunta a plasmar en el marco normativo el actual funcionamiento de la política macroeconómica. Junto con la ampliación de los objetivos del banco se eliminan resabios de la convertibilidad (ver aparte). Para eso se modifica la obligación de mantener una relación directa entre la base monetaria –billetes y depósitos en la economía– y la cantidad de reservas. Ese concepto funcional al 1 a 1 será reemplazado por una nueva forma de determinar el nivel de “reservas óptimas”. El proyecto dispone que cuando el stock de divisas supere ese punto, el excedente podrá ser destinado al pago de vencimientos de deuda externa.
El proyecto, cuya elaboración y debate interno comenzó seis meses atrás, ya despertó la oposición pública de un conjunto de ex presidentes del banco que hoy conduce Mercedes Marcó del Pont, como el desplazado Martín Redrado o el diputado de la Coalición Cívica y otrora jefe de Estrategia del Area de Monedas del banco de inversión JP Morgan. En el Gobierno y el Banco Central no tienen dudas de que el sistema financiero también responderá con críticas directas e indirectas, a través de distintos lobbistas. El debate parlamentario comenzará esta semana.
- Triple mandato: El Banco Central ampliará su mandato para perseguir objetivos múltiples. La estabilidad de precios, meta única y exclusiva instalada en 1992, pasará a estar acompañada por “el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera”. Los cambios en los objetivos del BCRA recuperan mandatos existentes en el organismo desde su creación en 1935 y bajo gobiernos de distinto signo político como el pleno empleo, el crecimiento económico y el desarrollo. Las nuevas metas son similares a las perseguidas por los bancos centrales de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Sudáfrica, Turquía y Vietnam, entre otros.
El fracaso de los bancos centrales limitados a perseguir “metas de inflación” sin atender la economía real quedó en evidencia durante la crisis donde muchos de los bancos más conservadores debieron ir más allá de su mandato para evitar un estallido del sistema financiero y sus economías. Así, un extenso grupo de países –Uruguay, México, Rusia, Alemania, India, Inglaterra y el Banco Central Europeo, entre otros– impulsó reformas en la Carta Orgánica de sus bancos centrales entre 2008 y 2010.
“La actual Carta Orgánica del Banco Central está disociada de este modelo productivo. La nueva normativa deja en letra escrita lo que se viene haciendo en los últimos años. La autoridad monetaria pasará a tener como objetivo la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social”, explicó Mercedes Marcó del Pont a Página/12. El último punto, “el desarrollo económico con equidad social”, contempla un amplio espectro de objetivos como la creación de empleo, el crecimiento económico, la distribución del ingreso y también la cuestión medioambiental. También incluye la preservación de un tipo de cambio real acorde con el modelo. Hoy la estructura productiva argentina requiere un tipo de cambio competitivo pero ese nivel no es necesariamente el mismo que se necesite para cumplir los objetivos macroeconómicos dentro de veinte años, explican en el Banco Central.
La decisión no implica que el BCRA dejará de “preocuparse” por la inflación, sino más bien se deshace de la visión monetarista del fenómeno donde el único causante de los aumentos de precios es la emisión monetaria y un exceso de la demanda. En cambio, reconoce que el Banco Central y su accionar no sólo afectan los precios sino también, y fundamentalmente, la economía real. A su vez, permite realizar un abordaje de la inflación más complejo donde inciden distintos factores como la puja distributiva y el sector externo.
Los cambios sintonizan el accionar del BCRA con los objetivos de la política macroeconómica del Gobierno pero preservan la independencia del Banco Central, un aspecto central en la matriz neoliberal de las autoridades monetarias instalado en la década del ochenta.
- Impulsar crédito: En Argentina el crédito representa solamente el 14 por ciento del PIB, se trata de un nivel bajo en términos históricos y a nivel regional. A su vez, esos préstamos están concentrados en los sectores que más rentabilidad brindan a los bancos: el consumo y el comercio exterior. Hoy el Banco Central cuenta con herramientas muy limitadas para potenciar el crédito como diferenciar encajes –la porción de los depósitos que deben mantener inmovilizados los bancos– para beneficiar a pymes o economías regionales. “No existen ejemplos en el mundo de despegue económico exitoso donde el crédito a la inversión de largo plazo no haya jugado un papel trascendental en el proceso de desarrollo”, explican en el equipo económico.
Por eso, las modificaciones otorgan a la autoridad monetaria un rol activo en la promoción del crédito productivo de largo plazo. Para eso podrá regular las condiciones de los préstamos: extender plazos, fijar techos para las tasas de interés, orientar el destino hacia cualquier sector productivo o región, limitar las comisiones y los cargos.
“No nos vamos a convertir en una banca de desarrollo. Los cambios en la legislación nos dan facultades para recuperar el crédito. Pero se trata de un proceso que va a avanzar lentamente, que requiere un abordaje integral tanto desde la oferta como la demanda de crédito”, explicó Marcó del Pont. Los cambios dotarán al BCRA de las mismas facultades para regular el crédito de países como México, Perú y Colombia. El Banco Central de Brasil posee la capacidad para “ejercer el control del crédito sobre todas sus formas”.
- Ampliar el perímetro: La necesidad de re-regular el sistema financiero a partir del estallido de la crisis financiera avivó debates en todas partes del mundo. Si bien en Argentina el sistema financiero no desarrolló instrumentos como los que detonaron la burbuja crediticia en Estados Unidos, existen amplios sectores que no están cubiertos por ningún marco regulatorio o con escasa normativa. El proyecto apunta a subsanar esas zonas grises y deja abierta la posibilidad de extender el ámbito de influencia del BCRA a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias hacia nuevas actividades cuyo accionar tenga directa o indirectamente efectos sobre el sistema financiero.
La nueva legislación especifica un conjunto de sectores que serán regulados como las cámaras compensadoras o casas de clearing, los sistemas de pagos –empresas como Pago Fácil, Rapipago o Pagomiscuentas.com–, las empresas que permiten el envío de remesas al exterior y las transportadoras de caudales. En el primer caso, la necesidad de establecer un marco regulatorio responde al riesgo sistémico potencial que puede generar una falla en el funcionamiento del clearing bancario y del resto del sistema financiero. Las remesadoras, firmas como Western Union, que mueven un monto significativo de divisas, se encuentran en un gris regulatorio que incluso preocupa a las mismas compañías. Finalmente, las transportadoras de caudales, como Prosegur, Brinks o Maco, fueron señaladas como un factor en la cadena de circulación de dinero que agudizó los faltantes de billetes y monedas. Cuando se registraron esos inconvenientes, el BCRA no tenía facultades para requerirles ningún tipo de información. Esos vacíos legales serán subsanados si se aprueba el nuevo proyecto.
- Protección del usuario: La legislación impulsa cambios para prevenir el abuso en las relaciones entre el sistema financiero y sus clientes que al momento de reglamentar la ley implicará la creación de un área específica en el BCRA. La nueva Ley de Entidades Financieras que impulsa el diputado Carlos Heller crearía un organismo similar, aunque la legislación propuesta por CFK no contempla que el sistema financiero sea considerado un servicio público.
La Ley de Entidades Financieras vigente faculta en su artículo 30 a regular las tasas de interés o las comisiones y cargos pero solamente en casos de problemas de liquidez y solvencia. El sistema financiero no está en crisis: cuenta con liquidez y se encuentra solvente. Por lo tanto, la autoridad monetaria no puede poner en práctica esas atribuciones. Los cambios propuestos por CFK extienden esas facultades a cualquier escenario macroeconómico para prevenir desde situaciones de usura como las tasas de interés abusivas que cobran las tarjetas de crédito cuando hay un sobregiro o los elevados costos financieros de los créditos personales, hasta aspectos vinculados con el riesgo sistémico, como la limitación de las garantías reales en los créditos hipotecarios. Si se aprueba la legislación, aspectos como la regulación de las tasas de interés que cobran las mutuales a los jubilados no requerirán más un decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta, sino que se resolverán a través de una normativa del Banco Central.
- Defensa de la competencia: Las normas incorporan a las funciones del BCRA la necesidad de limitar la concentración en el sistema financiero y evitar el abuso de posiciones dominantes. Así, la autoridad monetaria colaborará activamente con las comisiones nacionales de Defensa del Consumidor y Defensa de la Competencia. Actualmente el BCRA es el responsable de aprobar o denegar cualquier fusión o adquisición, recientemente autorizó la venta de la filial argentina del Standard Bank al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), pero no puede rechazar una operación por cuestiones de concentración económica. Los cambios habilitan a la autoridad monetaria a contemplar esos aspectos.
- Superintendencia: En el BCRA señalan que la iniciativa potencia el rol del organismo encargado de supervisar y auditar todo el sistema bancario, así como de autorizar las fusiones y adquisiciones entre entidades. Hoy la Superintendencia es un órgano “desconcentrado” y con los cambios su actuación será dirigida por el presidente del Banco Central. Así, argumentan en el Central, el organismo será “jerarquizado”, al tiempo que se extiende su alcance de regulación y supervisión a nuevas actividades.
Con los cambios, se concentra en una misma cabeza, el directorio del organismo, un conjunto de decisiones referidas a la política monetaria y la estabilidad financiera. En el Banco Central enfatizan que el movimiento está en sintonía con la experiencia internacional: En 2001 el gobierno inglés creó la Autoridad de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés) como un organismo separado de su banco central para regular el sistema financiero, el año pasado luego del estallido de la crisis donde el gobierno llegó a nacionalizar un banco, se comenzó a planificar la desintegración de la FSA para consolidar la regulación con la política monetaria en el Banco de Inglaterra.
Si bien en el BCRA no lo reconocen, la Superintendencia se convirtió en un nicho de negocios financieros. A comienzos del año pasado el entonces superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del organismo autorizó a un conjunto de bancos extranjeros a distribuir dividendos, que fueron girados al exterior, por una cifra cercana a los 800 millones de dólares sin consultar a las autoridades del BCRA. Los cambios en la legislación imposibilitarán que se repita una situación similar.
- Un detalle no menor: Actualmente los directores del BCRA no pueden ser “accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación”. Así, por ejemplo, la presidenta del Banco Central tuvo que renunciar a su cargo en el Banco Nación cuando asumió. Pero la redacción del artículo 8 de la Carta Orgánica presenta zonas grises, ya que no precisa que tampoco pueden ser directores quienes se desempeñen en actividades como sociedades de Bolsa u otras actividades financieras. La nueva legislación amplía la incompatibilidad a cualquier negocio financiero y quien acceda al directorio del BCRA deberá renunciar a otras actividades en el sector.

“Si fuera juez en España, tendría miedo”

Entrevista a Eugenio Raúl Zaffaroni. Veintitres.

Por Franco Mizrahi

El ministro de la Corte habla de todo. La condena a Garzón, reforma constitucional, minería, la tragedia de Once y su última obsesión: “La Pachamama y el humano”.

El ministro de la Corte Suprema de la Nación Eugenio Raúl Zaffaroni es un hombre de mundo. Y sobran los argumentos para sostener la afirmación: no sólo es reconocido internacionalmente –hasta el periodista Víctor Hugo Morales lo definió como “el Messi de la Justicia”– y viaja para dar conferencias por diversos continentes sino que hasta se animó a publicar el libro La Pachamama y el humano, donde vuelca sus preocupaciones sobre el futuro del hombre en la Tierra. “En definitiva, me pregunto sobre el destino de la humanidad. ¿Qué somos: una manifestación superior o el cáncer del planeta?”, explicó Zaffaroni a Veintitrés, apenas horas después de aterrizar en el país tras un viaje de trabajo.

–¿Pero cómo vinculó la Pachamama con una discusión teórica sobre el derecho?

–En derecho penal, hay una discusión teórica sobre el bien jurídico. En realidad, es un tema central de la discusión de toda la vida. Uno de los puntos donde se pone en crisis el bien jurídico es el delito de maltratamiento de animales. Ahí se plantea si hay titulares de bien jurídico que no son seres humanos. Hace mucho que estaba juntando material para eso. Lo sorprendente es que, de pronto, las constituciones de Bolivia y Ecuador, invocando la tradición ancestral latinoamericana, agregaron a su letra que hay una relación de paridad con la naturaleza, que no somos los únicos titulares del bien jurídico. En tanto que, en el mundo central, también hay científicos que afirman que somos parte de la naturaleza. Fue esta coincidencia que se está produciendo en el mundo la que me impulsó a escribir el libro.

–¿Los derechos de la naturaleza hoy son aplicables en la Argentina?

–No sería inconstitucional plantearlo. Sería bueno que lo repensáramos en caso de reforma constitucional, no hablo en coyuntura. Porque esta coincidencia de cosmovisión central y periférica-colonizada nos está diciendo algo. La amenaza de supervivencia de la vida humana en el planeta es cierta.

–¿El debate de la minería a cielo abierto entra en este esquema?

–Esos conflictos tienen que tener un tratamiento especializado nacional. Quizá debamos crear un tribunal administrativo federal o un fuero especial. Hay que tomar conciencia de que estas cosas son el comienzo de un problema que seguirá a lo largo del siglo. Son conflictos que no se pueden resolver sin conocimiento técnico. Ni el ecologismo radical, que dice que todo contamina, ni el interés económico, que dice que no contamina nada, son buenos parámetros. Hay que ver hasta qué punto estamos violando la naturaleza y hasta qué punto vivimos de ella. De momento, estamos como podemos pero hay que pensar con cierta urgencia en un cuerpo especializado. Es la gran materia de este siglo, que puede ser el último si no nos cuidamos. El problema es serio. Además, el mismo deterioro del planeta genera conflictos políticos y bélicos.

–¿Es necesaria una reforma constitucional para incorporar los nuevos temas del siglo XXI?

–Si respondo, lo van a deformar por cualquier lado y me van a salir con lo de la re-reelección. Si podemos obviar lo coyuntural, cosa que sé que políticamente es difícil, creo que tenemos que sentarnos a repensar nuestra institucionalización. Sobre todo cuando no tenemos una crisis que nos obliga.

–Como sucedió en 1994.

–Esa reforma se quedó a mitad de camino en muchas cosas, creó problemas por dejar instituciones sin pergeñar bien. Tenemos una Constitución escrita y rígida y no es fácil hacer una reforma, se necesita un acuerdo político para ello. Fuera de toda premura y coyuntura, tendríamos que sentarnos a pensarla.

–En estos meses, también presentó su libro La cuestión criminal. ¿Es una síntesis de su obra La palabra de los muertos, con un lenguaje más coloquial?

–Sí. En realidad creo que el primer libro me salió mal porque quise hacer el segundo. La cuestión criminal está explicado más coloquialmente, usando un gancho irónico y tiene los dibujos de Rep. Allí sostengo que la academia se queda encerrada en los cubículos mientras el común de las personas tiene una vivencia de la cuestión criminal y de la violencia social que la obtiene de los medios de comunicación, una especie de criminología mediática que no tiene nada que ver con lo que pensamos de lo académico. Pero hay que tener cuidado porque esa vivencia de la gente se le impone al político, que hace las leyes. Y la realidad es otra. Para acceder a ella, intenté que los muertos hablaran y observé que el poder punitivo, cuando se descontrola, es el primer homicida. Produce más muertos que la guerra. Contra eso, lo que propongo es una criminología cautelar. Es decir, contengamos al poder punitivo.

–Cambio radicalmente de tema, ¿cuál es su visión de la tragedia de Once?

–No puedo abrir un juicio sobre eso porque, como todo lo que sucede en el país, puede llegar algún día a la Corte. Pero fue una tragedia incomprensible, una tragedia idiota. No puedo pensar que un tren no pare al llegar a la estación. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede suceder eso?

–¿Considera que la tragedia puede oficiar de disparador para cambiar la estructura ferroviaria del país?

–No lo sé. Pero en el país tenemos un desastre en estructura de transporte. Lo que se hizo en la década del ’90 fue suicida, resultado de eso es que hoy mandamos por carretera toda la carga y todo el transporte de pasajeros y estamos introduciendo cada vez más autos. Nos vamos a matar todos. Hoy tenemos que construir todo el sistema ferroviario, no sólo suburbano sino en el país. Tenemos que repensar eso. Implica una inversión fuerte, que hace a la infraestructura económica del país.

–¿Estaría de acuerdo con una estatización de los servicios públicos del transporte?

–No lo tengo claro. Lo que sí sé es que no se lo puede tratar con un criterio meramente economicista. El transporte tiene que tener subvenciones y participación estatal, de alguna forma. Hay cosas que no son rentables pero dan como ganancia el desarrollo de una región. Es elemental. Habría que ver qué es lo que más conviene.

–¿Y cómo analiza la quita de los subsidios?

–Más allá de las dificultades de carácter práctico o situaciones de injusticia que puedan plantearse y que tendrán que resolverse, no podemos estar subsidiando a quien tiene dinero para pagar el costo del servicio. No me pueden subsidiar la electricidad a mí. No estoy en la misma situación que el que está en la villa.

–Le pregunto por un tema que no debiera llegar a la Corte: el reclamo por Malvinas.

–Es un problema interno de los ingleses. Como toda Europa, Inglaterra está viviendo un momento de crisis y tenía que distraer la atención, por lo que inventaron que íbamos a hacer una guerra en Malvinas. Una cosa totalmente absurda. La única vía para reconquistar las islas es la diplomática, sabiendo que su aplicación eficaz depende, como todo el derecho internacional público, de circunstancias de política mundial. Hay que mantener los argumentos jurídicos, apelar a los organismos en que tenemos representación y algún día algo pasará.

–Hablando de cuestiones mundiales. Baltasar Garzón fue uno de los jueces que juzgó a los genocidas argentinos cuando aquí regía la impunidad. ¿Qué opina de la reciente decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitarlo por 11 años?

–Desde el punto de vista jurídico, aplicaron un tipo de prevaricato que a mi juicio es inconstitucional porque es un tipo difuso, si alguien me dice qué es una “sentencia injusta”, se lo agradezco. Segundo: el Tribunal Supremo juzga en instancia única un delito, no una remoción; imagínese lo que pasaría en la Argentina si juzgásemos en instancia única en materia penal a los jueces: cada vez que no nos gusta lo que hace un juez, lo condenamos. Aquí, las remociones las determina el Consejo de la Magistratura. Allá, en cambio, lo juzga el Supremo, un tribunal que no es imparcial porque es el mismo que decide si las sentencias de los jueces son conforme a derecho, y el derecho no es unívoco. Yo puedo hasta estar de acuerdo en que a Garzón se le fue la mano por disponer ciertas escuchas, pero qué hubiéramos hecho en la Argentina: hubiéramos nulificado, revocado la sentencia, hasta hubiéramos ordenado extraer del expediente las fojas y listo. Como máximo hubiésemos dispuesto un llamado de atención al juez. Esta sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta para que pueda pasarle a cualquier juez. Si yo fuera juez en España tendría mucho miedo.

–¿Considera que esta decisión sirve para no revisar los crímenes del franquismo?

–Es muy llamativo lo que sucedió. Puedo pensar que estuvo vinculado al franquismo aunque yo más bien me inclino por otra cosa: en toda corporación, y sobre todo si se ve la actitud corporativa del Supremo español, un tipo como Garzón molesta internamente, perturba el funcionamiento burocrático de la corporación. Una cosa es revocar una sentencia y otra condenar al juez como delincuente. Mire si tuviéramos ese poder nosotros. Una locura. 

Cuatro miradas sobre la minería

Por: Tali Goldman. Veintitres.

Las manifestaciones que se oponen a la explotación a cielo abierto generaron la discusión. Voces a favor y en contra de una actividad que genera polémica.

En política, durante los meses de enero y febrero, la rutina indica que las aguas están calmas. La actividad parlamentaria se toma vacaciones, la feria judicial exime a los abogados de ir a Tribunales y la prensa se traslada a la costa, en busca de novedades. Sin embargo, este verano fue una excepción en materia de acontecimientos ajenos a los espectáculos y la farándula de temporada. Como la minería que, tras el conflicto desatado en Famatina, La Rioja –donde los habitantes impidieron que la empresa Osikoko Mining Company pusiera en marcha un proyecto a cielo abierto, que podía contaminar el agua–, y otros similares en Andalgalá, Belén, Amaicha y Tinogasta, abrió un debate sobre los alcances de su explotación y su impacto en el medioambiente. Como contrapartida, las diez provincias argentinas que desarrollan actividad minera en su territorio conformaron la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI), cuyo objetivo apunta a coordinar y unificar las normas del sector para permitir un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social. Así, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Chubut y Santa Cruz firmaron un acta bajo la égida del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para cooperar junto al gobierno nacional en una mejora de las políticas ambientales, teniendo en cuenta que, para muchas de ellas, la minería significa la principal actividad económica local.

En medio de una discusión aún no saldada sobre los beneficios e inconvenientes de la explotación minera, las miradas disímiles constituyen aportes para la reflexión. Veintitrés convocó a cuatro referentes sobre la temática y les propuso responder una serie de preguntas. Pase y lea.

1. ¿Cuál es el impacto económico que tiene la minería en las provincias que la tienen como actividad principal? ¿Qué porcentaje de la población vive de esa fuente de trabajo?

José Luis Gioja, gobernador de San Juan y secretario de OFEMI: –El efecto económico de la minería ha sido fundamental en nuestro crecimiento. El 30 por ciento del producto bruto geográfico provincial proviene de la actividad minera y se crearon más de mil pymes que proveen distintos servicios a las empresas del rubro minero. Además, hay sesenta mil puestos de trabajo directos o indirectos, lo cual representa el 30 por ciento de la actividad económicamente activa de San Juan. Hay pleno empleo ya que estamos por debajo del 4 por ciento de desocupación. Y esto, en gran medida, lo hemos logrado de la mano de la actividad minera.

Javier Rodríguez Pardo, miembro fundador de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) –colectivo que, desde el 2006, se pronuncia en contra de la megaminería– y autor del libro Vienen por el oro, vienen por todo: –Al iniciarse una explotación minera suele haber mayor circulante de moneda y gran parte de las poblaciones aledañas, mano de obra desocupada y barata, es empleada por empresas subcontratistas de la minera. Pero una vez que se pone en marcha la explotación sistemática, la modernidad extractiva, los equipos de gran porte y la tecnología sofisticada, el cupo de empleos disponible se reduce considerablemente. En su mayoría, la gente proviene de otras latitudes con experiencia minera y cuando magnifican, engañosamente, el volumen de gente contratada de un pueblo, deberían marcar que no se trata de población local sino de foráneos que duermen y conviven en esa localidad.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas: –El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, afirmó que la minería genera quinientos mil puestos de trabajo en el país. Pero esto lo desmiente el propio Indec cuando publica que, en 2010, hubo poco más de siete mil trabajadores registrados en explotación de minerales metalíferos, lo que equivale al 0,045 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país.

2. Hay quienes sostienen que las mineras contaminan y otros que no. ¿Cuál es su postura sobre esta disyuntiva?

Marisa Arienza, presidenta de la organización medioambiental GreenCross: –Como sucede con todas las actividades industriales, cabe la posibilidad de que la actividad minera se realice de manera inadecuada. Sin embargo, para evitar situaciones de contaminación, sólo deben aprobarse o permitirse aquellos proyectos que tengan muy buenos análisis de impacto ambiental. El control es la cuestión clave de todo emprendimiento industrial y de la minería, en el caso que nos ocupa. Nos parece extremadamente inadecuado el pensar que, ante una debilidad de control, entonces debieran prohibirse estas actividades. Es una respuesta irresponsable, inepta y despreciativa de la necesidad de desarrollo que tiene el país. Erradicar la pobreza es la prioridad central que debieran tener los países que, eufemísticamente, llamamos “en desarrollo”. La pequeña minería metalífera es, habitualmente, mucho más contaminante que la gran minería metalífera realizada en condiciones adecuadas. La inversión que se requiere para que la actividad no dañe al medio ambiente no puede ser encarada por pequeñas producciones artesanales.

E.V.: –La gran minería genera infinidades de pasivos ambientales y más allá de cuestiones puntuales de contaminación, rutinarias, accidentales o indirectas, desequilibra al instante la ecuación ambiental que la hace inherentemente insustentable. Eso tiene que ver con el uso desproporcionado de energía, explosivos y agua para su proceso extractivo.

J.R.P.: –Todas las empresas mineras contaminan. En el caso de La Alumbrera, por ejemplo, sabemos que se usó mercurio y cianuro al momento de la explotación.

J.L.G.: –Las denuncias por contaminación son petardos que tira gente desinformada y sin escrúpulos. En nuestra provincia de San Juan fuimos precursores en el control ambiental, a través de la implementación de la policía minera, entre otros organismos creados a tal fin.

3. El Código de Minería que regula la actividad data de 1993. ¿Es obsoleto? ¿Qué aspectos debería contemplar un nuevo marco legal?

E.V.: –Desde mi punto de vista, el Código de Minería debe reformarse de forma integral. Habría que incorporarle, tanto en su espíritu como en su letra, los principios “preventivo” y “precautorio”. Con una aplicación efectiva de estos principios, la megaminería sería imposible. También considero que debería derogarse la ley 24.196 (Ley de Inversiones Mineras) y sus modificatorias, porque permiten concesiones y beneficios económicos, financieros e impositivos como no tiene ninguna otra actividad.

J.L.G.: –El marco legal con el que contamos hoy en día es el que ha permitido que se desarrolle una minería moderna en nuestro país. No obstante, como toda norma, puede ser perfectible en la medida en que se adapte a nuevas etapas de desarrollo de la actividad.

J.R.P.: –Desde la Unión de Asambleas Ciudadanas somos partidarios de impedir la actividad extractiva de las corporaciones transnacionales y de cualquier empresa nacional que utilice este tipo de extractivismo: megaminería hidroquímica a cielo abierto con uso de compuestos tóxicos.

4. La Argentina, ¿cumple con los estándares internacionales para la explotación minera? ¿Qué países podrían tomarse como ejemplo de esta actividad?

M.A.: –La Argentina cumple con los estándares internacionales para la explotación minera. Pero sólo el control participativo con la sociedad civil garantiza que esos mismos estándares sean siempre cumplidos y que, en caso contrario, exista una reacción temprana y una sanción correspondiente.

J.L.G.: –La nueva minería responde a los más altos estándares internacionales, tanto en la metodología que aplica, la tecnología que utiliza y fundamentalmente en los monitoreos sociales participativos de la comunidad.

E.V.: –Existe la creencia de que Canadá es una especie de paraíso minero, pero no es así. En un trabajo del investigador canadiense William Sacher y del economista ecuatoriano Alberto Acosta, se señala que en Canadá existen alrededor de diez mil minas abandonadas, heredadas de 150 años de laissez-faire en el ámbito minero.

5. ¿Qué recomendaciones –económicas, políticas y sociales– aportarían al debate sobre la cuestión minera?

M.A.: –Uno de los caminos para la solución del conflicto implica comenzar de cero a dialogar entre todas las partes involucradas, sin prejuicios, acerca de los escenarios de desarrollo que las poblaciones desean, ver cómo se enmarcan esas visiones compartidas con la estrategia de desarrollo nacional y, a partir de ello, trabajar en los consensos micro (locales) y macro (Estado). El deber primordial del país es eliminar la pobreza y el desarrollo industrial es una herramienta poderosa a tales fines.

J.L.G.: –Lo más importante hoy es dar un gran debate, pero quitando del medio todo ideologismo y demagogia, diciendo toda la verdad sobre el desarrollo minero en la Argentina. Todos los países que se han desarrollado en el mundo, siempre han atendido y puesto el ojo en el crecimiento de la actividad minera.

J.R.P.: –No hay soluciones por las vías tradicionales. Las comunidades sostienen que deben ser escuchadas aunque exijan la expulsión de esta minería y las corporaciones presionan a los gobiernos por la necesidad que tienen de minerales críticos y estratégicos que escasean. El poder de las corporaciones produjo un paquete de leyes en los ’90 y un tratado binacional argentino-chileno minero que cede la Cordillera de los Andes a estas transnacionales, formando un tercer país ajeno a la legislación chilena o argentina.

E.V.: –Vale aclarar que el conflicto lo provoca la imposición de un modelo minero a espaldas de la sociedad. Ante este panorama, el “debate” debe encaminarse para la sanción de una ley nacional que prohíba la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y uraníferas en todo el país. 

Las voces de la  polémica

José Luis Gioja. Gobernador de San Juan, preside la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI).

Enrique Viale. Presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

J. Rodríguez Pardo. Miembro de la UAC, opositora a la megaminería. Autor de Vienen por el oro, vienen por todo. 

Marisa Arienza. Presidenta de la organización medioambiental GreenCross. 

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“Hay que preservar los recursos para combatir la exclusión social”
Entrevista a Silvia Révora. . Por T.G.

Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sorprende con un té de hierbas, proveniente de Ecuador. No se trata de un fetiche. La particularidad de la infusión responde a su presencia en el XVIII Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, donde también participó de la primera reunión medioambiental de la CELAC. El té, en definitiva, funciona de brindis celebratorio: “Por primera vez en la historia, la región tomó una posición independiente de los países centrales”, comparte Révora. Y explica: “Es un claro proceso de maduración: los pueblos de América latina están definiendo la soberanía de los recursos naturales y evaluando que la pobreza es un problema desde el punto de vista ambiental. Hay que preservar los recursos para combatir la exclusión social”.

–¿Resulta difícil llevar adelante políticas que liguen lo ambiental con cuestiones como la pobreza?

–Nosotros entendemos que el ambiente es un todo, está interrelacionado y es interdependiente de la economía, la política y la sociedad. Ambiente no es sinónimo de ecología. El sustento ecológico que nos permite vivir es fundamental, pero también es clave cómo se lo maneja para que sea perdurable en el tiempo, para las generaciones futuras. Si se pretende un manejo sustentable de los recursos, pero se mantiene la exclusión social, entonces el esfuerzo no sirve.

–La explotación minera generó polémica y la Presidenta convocó a un debate “en serio”. ¿Cuál es su postura?

–Estoy de acuerdo con que debe discutirse la cuestión. Todo gran emprendimiento que tiene impacto significativo nos obliga a hacer un análisis de costo-beneficio. La Constitución del ’94 les otorgó a las provincias el dominio de los recursos naturales, por lo tanto, no hay competencia ambiental directa a nivel nacional respecto de si se debe hacer o no determinado emprendimiento. Todavía nos faltan instrumentos jurídicos para que la Nación pueda jugar un rol, en conjunto con las provincias, en torno a proyectos de envergadura. Si bien tenemos una ley general de ambiente –que plantea que la Nación debe velar por un ambiente sano– todavía no contamos con una ley de ordenamiento ambiental de todo el territorio, ni una ley de presupuestos mínimos de impacto ambiental. Nos faltarían esos dos instrumentos para trabajar conjuntamente con las provincias y, al mismo tiempo, evitar conflictos. 

–Hay quienes sostienen que no es viable una actividad como la minería, en términos ambientales…

–Como en todos los órdenes de la vida, no hay blanco y negro. Acá debe hacerse un reconocimiento a las provincias que no tuvieron alternativas de desarrollo como para brindarles a las poblaciones una mejor calidad de vida que la minería. Por un lado, como ciudadanos, tenemos que preservar nuestros recursos pero también tenemos que desarrollar todas las potencialidades para proteger a los ciudadanos. Considero que debe fomentarse la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto de los megaproyectos, a fin de no generar un conflicto social. Pero seamos conscientes de que, en la mayoría de estas provincias, los gobernadores tuvieron un gran respaldo popular en las últimas elecciones. Y, por lo tanto, hay que poner en la balanza cuánta gente está cuestionándolos y cuántos no.